Este jueves, la Fiscalía General de la República, emitió un comunicado en el que actualiza la información sobre la investigación del presunto secuestro de Ismael «El Mayo», Zambada y los sucesos en torno a este evento.

En el boletín, asegura tener los indicios y datos ciertos de que, Ovidio «G», fue excarcelado de una prisión de alta seguridad del sistema carcelario estadounidense, en fecha 23 de julio de 2024, (dos días antes del presunto secuestro de Ismael “N”).

Te dejamos el comunicado íntegro:

En la investigación del caso “Ismael “N”-Joaquín “N”, la Fiscalía General de la República (FGR), ha obtenido datos probatorios de una secuencia cronológica, la cual se inicia con la excarcelación de Ovidio “G”, de una prisión de alta seguridad del sistema carcelario estadounidense, en fecha 23 de julio de 2024, (dos días antes del presunto secuestro de Ismael “N”); desconociéndose, hasta el momento, cuál es el estatus actual de dicha persona y su ubicación dentro del territorio norteamericano.

Posteriormente, y cuando ya se había cometido el presunto secuestro de Ismael “N”, por parte de Joaquín “N”, el 9 de agosto de 2024, el Embajador de los EUA en México manifestó públicamente que Ismael “N”, había sido llevado a los EUA, contra su voluntad. 

El 10 de agosto, el abogado de Ismael “N”, Frank Pérez, publicó en los medios nacionales e internacionales, una declaración del presunto secuestrado en la que describe, con todo detalle, la forma como se llevó a cabo violentamente su propio secuestro; lo cual consta en la carpeta de investigación correspondiente.

Después de lo anterior, el Fiscal General de los Estados Unidos de Norteamérica (EUA), en fecha 16 de agosto de 2024, manifestó a esta institución que Ismael “N”, llegó a ese país contra su voluntad y que se había tenido conocimiento de varias propuestas de Joaquín “N”, para entregarse a las autoridades de los EUA. 

Por lo que toca a la aeronave Beechcraft 200 con la que presuntamente se cometieron los delitos referidos, y que el Gobierno norteamericano permitió que fuera inspeccionada en su territorio por las autoridades mexicanas, se encontró que ésta llevaba la matrícula N287KA y la serie BB1137; ambas falsas y sobrepuestas en esa aeronave; ya que los datos de investigación señalan que la matrícula legal de ese avión era N44JN y la serie original legal BB191.

Además, se obtuvo la información de que la matrícula original norteamericana de esa aeronave, en 2019, era N200TP.  Posteriormente, dicha aeronave fue trasladada a Colombia, donde la dieron de alta con la matrícula colombiana HK4658G. Para después, en el 2021, obtener una nueva matrícula en los EUA, N44JN; la cual no es coincidente con la que actualmente ostenta tal aeronave, pues ésta es presuntamente falsa y sobrepuesta.

Como consecuencia de lo expuesto, la vinculación entre la situación y ubicación de Ovidio “G”; la participación de su hermano Joaquín en el presunto secuestro de Ismael “N”; la violencia con la que se llevó a cabo el mismo; así como las evidentes irregularidades del avión y del vuelo del secuestro; son materia fundamental de la investigación de esta Institución, por los delitos cometidos en México. 

Por ello, es indispensable obtener con urgencia la información respectiva; así como también la identificación y documentación del piloto o pilotos de ese avión que hayan intervenido en dicho vuelo, cuya aproximación y aterrizaje en ese país fueron autorizados por las agencias competentes del Gobierno de los EUA; lo cual ya se ha solicitado en dos ocasiones, vía asistencia jurídica internacional; y en tres ocasiones, vía INTERPOL; y hasta el momento no ha habido una respuesta. En razón de lo anterior, la FGR seguirá requiriendo lo procedente, en este caso.

Por lo que toca a la investigación de los hechos ocurridos en Huertos del Pedregal, Culiacán, Sinaloa, relacionados con el homicidio de Héctor “N”, y de las supuestas escoltas de Ismael “N”, esta Institución procederá de inmediato a citar a los servidores públicos de todos los niveles de la Fiscalía local, incluyendo a policías y peritos,  que hayan intervenido en las diligencias del fuero común, o que tengan algún vínculo con esos hechos para, con ello, precisar los datos pertinentes de su actuación. 

Se continuará informando.

Recientemente se ha vuelto a desatar el debate en torno a las propinas a los meseros en los restaurantes debido a la circulación en las redes sociales de videos, imágenes y audios a este respecto.

El video en Nayarit de un supuesto mesero que dice haberle devuelto la propina a los comensales por parecerle poco, o un cartel colgado en una fonda que dice que la propina forma parte del salario de los meseros, han causado furor en las redes y oleadas de opiniones.

Ante este suceso, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, reiteró que la propina nunca debe ser obligatoria ni incluirse automáticamente en la cuenta final, de hacerlo, se incurre en una ilegalidad denuciable y sancionable para el establecimiento pues viola los derechos de los consumidores.

En México, la decisión de dejar propina, así como el monto de la misma, debe ser siempre voluntaria y depender de la calidad del servicio recibido. Es una especie de premio o reconocimiento por el servicio prestado pero no es obligatoria, incluso, en algunos países la consideran un insulto porque aparena superioridad.

@geacielafuentes

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), máxima autoridad electoral mexicana, confirmó la mayoría calificada de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados, por lo que a partir del domingo en que se instale la nueva Legislatura podrán usarla para la reforma al Poder Judicial y otros cambios constitucionales.

Cuatro de los cinco magistrados argumentaron que, aunque no guste, la ley vigente establece una regla que no puede ser modificada o interpretada después de la votación del 2 de junio, pero sí previo a la siguiente elección. De esta manera los partidos que integran la llamada «Cuarta Transformación» tendrán 364 diputados de los 500, 30 más de los que se necesitan para reformas constitucionales.

La presidenta del TEPFJ, la magistrada Mónica Soto, afirmó que escucharon todas las voces y que resolvieron las 8 mil 867 impugnaciones con «absoluta responsabilidad» y apego a la Constitución, pese a las amenazas que recibieron: «Las magistraturas actuamos con absoluta responsabilidad pública. Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho», afirmó.

En respuesta a lo que llamó falacias, la presidenta Soto aseguró que con su decisión no se están robando los votos de los partidos de la oposición a Morena y sus aliados, todos los votos valen lo mismo, no se está destruyendo la democracia mexicana ni la pluralidad, pues los seis partidos estarán representados en la Cámara de Diputados.

«No nos toca inclinar la balanza a favor o en contra de una fuerza mayoritaria. Eso ya lo hizo la ciudadanía en las urnas. La responsabilidad de este Tribunal es resguardar y velar porque la representación de las distintas fuerzas políticas al interior del Congreso sea precisamente reflejo de ese mandato popular», añadió el magistrado Felipe Fuentes.

Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata reprochó que le exijan al TEPJF cambiar las reglas del juego cuando el partido ya terminó, y el resultado no gustó al equipo perdedor: «En cualquier evento de carácter deportivo esto sería absurdo e inconcebible. Debe rechazarse cualquier intento de modificación a la interpretación de las normas electorales vinculadas con los resultados, si dichos resultados ya fueron obtenidos, incluso si ese intento proviene de algunas autoridades».

El magistrado Reyes Rodríguez además aseguró que la norma actual está rebasada, pero como juzgadores no podían hacer otra interpretación; por lo anterior, propuso ordenar al Congreso legislar al respecto para que, rumbo al 2027, esa distorsión se termine. Sin embargo, sus colegas rechazaron su planteamiento.

La magistrada Janine Otálora fue la única que votó en contra, incluso propuso cambiar la distribución, para que el triunfo del distrito se le diera al partido que aportó la votación principal. En este caso, a Morena, pues coincidió que el PVEM y el PT se favorecieron, sin merecerlo, de los votos a favor de su aliado, lo que generó la distorsión.

«Esta práctica ha generado una distorsión que trasciende la funcionalidad del sistema constitucional y afecta los principios fundamentales de representación proporcional, diseñados para reflejar fielmente la voluntad popular», dijo Otálora.