Cuando en abril del 2018 se procedió al aseguramiento de 58 hectáreas en el municipio de San Blas, de las que se decía dueño el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, la diligencia partió de un contrato provisional de compraventa elaborado el seis de mayo del 2012.
Como ya se ha indicado en anteriores notas informativas, tal documento motivó una causa penal en contra de Sandoval por el probable delito de falsificación en la modalidad de uso.
Sin embargo, por separado, el señor Rubén Castillo Castillo, que adquirió las tierras en enero del 2008 y víctima de la falsificación, presentó una demanda en el Juzgado Mixto de San Blas para reclamar esas 58 hectáreas.
Se inició entonces el expediente 395/2018 del Juzgado Mixto, que el 14 de diciembre del 2020 dictó sentencia definitiva a favor de Castillo:
“…se declara que la parte actora (…) tiene pleno dominio del bien inmueble consistente en la fracción de terreno que perteneció al lote número 3 del fraccionamiento de Navarrete, municipio de San Blas, Nayarit, que consta de 58 hectáreas, cincuenta áreas; por lo tanto:
“Tercero.- Se condena a la parte demandada (…) a la entrega material del inmueble antes mencionado con sus frutos y accesiones, al actor de referencia.”
El fallo quedó firme el 22 de enero del 2021.
Lo anterior anotado forma parte de una resolución en el juicio 534/2021 del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo Penal en Tepic, al que recurrió el quejoso por la singular situación en que se encuentra; es decir, hay un aseguramiento por la investigación que se sigue al ex gobernador por el probable delito de enriquecimiento, pero ya existe sentencia del Juzgado Mixto precisando que el dueño de las tierras es Castillo, no Sandoval.
“…como se aprecia de la sentencia civil relatada en los antecedentes, dicho inmueble fue reconocido como de propiedad del aquí quejoso, circunstancia que merece especial atención dado que el gravamen que pesa sobre éste implica que su legítimo propietario vea trastocado su derecho fundamental a la propiedad, máxime si en dicho proceso se demostró la falsedad de las firmas de los supuestos vendedores, entre los que se encuentra el aquí quejoso.”
El Juzgado de Distrito ha concedido amparo a Castillo para que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado le reconozca el derecho que tiene respecto del bien inmueble asegurado.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
