La pesca ilegal es un problema mundial: representa aproximadamente 20% de la captura total. No obstante, en México este porcentaje se duplica. Según datos de la propia autoridad pesquera, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la cifra alcanza un 40%.
El informe ‘Pesca ilegal en México: Soluciones desde la Política Pesquera’ de la organización Oceana, categoriza seis tipos de pesca ilegal que son las más dañinas para el sector pesquero. Se tratan de la pesca en veda, pesca en zonas prohibidas, pesca en Áreas Naturales Protegidas, pesca de especies protegidas, pesca con artes de pesca no permitidas y pesca sin autorización.
«Todas estas actividades pueden atenderse con políticas pesqueras”, asegura a DW Nancy Gocher, Directora de Campañas e Incidencia de Oceana en México.
Igualmente, el reporte alerta que el 22% de la pesca en México entra al mercado legal a pesar de que su captura se produjo en un contexto de ilegalidad. «El lavado de pescado sucede por medio de los avisos de arribo, documento que por ley debe presentarse a la autoridad para comercializar el producto; en él se reportan datos derivados de la actividad pesquera como volúmenes de captura y especies”, explica.
La organización ha llevado a cabo un análisis de los avisos de arribo de diez pesquerías, entre 2000 y 2022. «En algunos casos se reportaron especies que estaban en periodo de veda, fuera de su zona de distribución natural, no contaban con permiso para su captura comercial, ni se identificaron como pesca incidental o se usaron artes de pesca no autorizados, entre otros”, detalla Gocher.
El caracol presentó el mayor porcentaje de «lavado” con un 40%, la jaiba un 25%, el pepino de mar un 20%, la langosta un 17%, el camarón, huachinango y cangrejo con un 10%. Por otro lado, el 80% de los registros en los avisos de arribo del pez dorado, están dentro de alguno de los supuestos de pesca ilegal.
Todo ello, «sucede al margen del Estado, en un contexto de impunidad que permite que productos ilegales entren al mercado legal”, lamenta Renata Terrazas, Directora Ejecutiva de dicha organización.
El informe compara dos periodos: de 2009-2014 y 2018-2023 (la actual administración). «Hubo un retraimiento por parte del Estado. No hubo avances, sino que en algunos puntos las acciones empeoraron”, puntualiza Gocher, tomando como ejemplo las retenciones de producto pesquero por pesca ilegal, que cayeron un 75%, y el nöúmero de personas detenidas por dicha actividad, que disminuyó un 95%.
Terrazas critica los impactos de dicha actividad en la salud y los recursos del mar, «afectando a los pescadores que sí siguen las reglas, evidenciado además la falta de inspección y vigilancia en la cadena de valor, y un sistema poroso y precario que no permite trazar el pescado desde que se captura hasta que llega a nuestras mesas”.
Ricardo Novelo, pescador en Celestún, Yucatán, lo confirma. «Los furtivos barren con todo: producto que tiene veda, como el pulpo, la langosta, el mero… Nos afecta a todos porque no respetan las medidas, las tallas, y eso va dañando a nuestros recursos y especies”, dice a DW.
Por este motivo, Novelo aboga por soluciones concretas para terminar con la pesca furtiva. «Se necesita un proyecto muy explícito para cada puerto, pues cada uno tiene sus propias problemáticas”, asegura.
Igualmente critica que «hay un desorden del ramo pesquero” debido al abandono de las autoridades estatales «que no han hecho su trabajo”.
Novelo es también miembro de una federación que aúna a 65 cooperativas y que reúne a más de un millar de pescadores y pescadoras. La agrupación puso en marcha, hace dos años, un proyecto de refugio pesquero con el que están repoblando el pepino de mar y la langosta. «El objetivo principal es el repoblamiento de nuestros mares y esta es la mejor herramienta para hacerlo”, asegura.
«Estamos intentando ordenar Celestún pero necesitamos la ayuda de las autoridades. En las reuniones, siempre solicitamos su apoyo y te dicen que sí, pero no vienen”, lamenta, recordando que «por nuestra parte concienciamos a la gente de nuestros recursos”.
El cambio de gobierno abre un nuevo horizonte tanto para el sector pesquero como para la sociedad civil. «Trae una oportunidad para construir una política pesquera que combata la pesca ilegal y recupere la abundancia pesquera, garantizando la participación del sector pesquero, el fortalecimiento de las instituciones, la transparencia y la rendición de cuentas”, considera Renata Terrazas, Directora Ejecutiva de Oceana México.
Esta organización propone la reestructuración de un sistema de sanciones que vaya más allá del enfoque punitivo, así como la aprobación de la Norma Oficial Mexicana de Trazabilidad de Pescados y Mariscos y la creación de una política pública de combate a la pesca ilegal y una estrategia nacional.
«Esperamos que esta nueva administración le meta más ganas al sector pesquero”, confía Novelo.
No obstante, «el desinterés o poca capacidad de funcionarios públicos al frente de instituciones clave como CONAPESCA*, podrían obstaculizar la atención a la pesca ilegal”, reconoce Nancy Gocher, directora de Campañas de Oceana.
