El 23 de agosto del 2017, la señora Luz María Castellanos mostró en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado una fotografía ampliada con el rostro de su hijo Eduardo Valencia Castellanos: se le veía amoratado, los ojos cerrados por la hinchazón, con un parche en la frente arriba de la ceja izquierda.
El testimonio de Luz María fue uno de 10 presentados ante diputados locales, con presencia de numerosos reporteros, y daban cuenta de graves sucesos registrados en el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda que estaba por finalizar, ya entonces detenido en Estados Unidos el ex fiscal General de Justicia Édgar Veytia.
Acompañada de su esposo, también de nombre Eduardo Valencia, contaron de una golpiza a su hijo en marzo de ese año dentro de la cárcel de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, quelo dejó al borde de la muerte.
Este asunto de Eduardo Valencia –según sus padres, Veytia pretendía quedarse con una propiedad de su hijo- es el que mantiene en suspenso la situación del diputado local por el Partido Verde Ecologista José Gómez Pérez, ex del PRI y quien al momento de los hechos era presidente municipal de Bahía de Banderas.
La situación es que ante la denuncia de Valencia Castellanos por tortura y tratos inhumanos y el cúmulo de pruebas aportadas o la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal, entre otros organismos, la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que no había datos que conduzcan a la probable responsabilidad de José Gómez Pérez, y mucho menos que hubiera participado en la bárbara agresión.
Así, reclamándose que la agencia ministerial no ejercería acción penal a Gómez Pérez, se promovió una audiencia de control judicial ante un juez con oficinas en Bucerías, mismo que el nueve de mayo del 2023 se pronunció en similares términos, citando que el ahora diputado “únicamente se mencionó una vez y no advierto que haya tenido alguna participación, o intervención alguna, u omisión en esta carpeta de investigación, únicamente le fue notificada una recomendación, acató esta recomendación a través de un oficio que se mencionó y fue su única intervención hasta este momento.”
Sin embargo, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con oficinas en Tepic concedió un amparo a Valencia Castellanos, considerando que el juez de Control no se refirió a la totalidad de datos mencionados por Valencia, además de que José Gómez Pérez era presidente municipal y le correspondía velar por la seguridad del preso.
En el juicio de amparo se anotan numerosos hechos en agravio del quejoso.
Puesto que la decisión del juez de Control, según resolvió el Juzgado de Distrito, no estuvo fundada ni motivada y no dio contestación a la totalidad de los argumentos esgrimidos por el quejoso, se le concedió amparo para dejar insubsistente la audiencia del nueve de mayo del 2023, únicamente por lo que hace a la confirmación del no ejercicio de la acción penal emitida por el agente del Ministerio Público, en la respectiva carpeta de investigación, en cuanto a José Gómez Pérez.
Efectivamente, en la primera semana de diciembre el Juzgado de Distrito habría dado vista a Eduardo Valencia y al abogado de Gómez Pérez de la nueva resolución por la sentencia de amparo, por lo que podrán hacer manifestaciones sobre si están de acuerdo o si consideran que no se atendió debidamente; es decir, la jueza de Distrito Erika Vianey García Colmenero aún no da por cumplido el fallo.
La decisión que habría adoptado el juez de Control es pedirle al Ministerio Público que en un plazo no mayor a 10 días analice nuevamente el asunto y decida con absoluta libertad si formula imputación, o no, sobre José Gómez Pérez.
El asunto está en la cancha de la Fiscalía.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
