Mario Alonso Alcántar Quiroz y Clemente González Muñoz, dirigentes de los sindicatos conocidos como SUTSEN y SITRAPEN, respectivamente, tramitaron juicios de amparo contra posibles órdenes de aprehensión.
El jueves uno, integrantes de ambos sindicatos, junto a otras organizaciones, se manifestaron en la Embotelladora del Nayar (Coca-Cola) para protestar por la –hasta entonces- falta de pago de la segunda quincena de septiembre a trabajadores gubernamentales.
La Embotelladora es propiedad de la familia del gobernador Antonio Echevarría García.
A raíz de esos hechos, se inició una causa penal por los delitos de allanamiento de morada a una empresa mercantil, así como provocación de un delito y apología del mismo.
Como se conoce, el viernes dos fue aprehendido por ordenamiento judicial José Antonio Bautista Crespo, dirigente del SITEM y también relacionado con los hechos. Un juez de control lo vinculó a proceso por los citados delitos, además de dictarse prisión preventiva justificada durante un mes, por lo que estará detenido en ese tiempo.
Ahora se conoce que, precisamente el día dos, a nombre de Bautista Crespo fue presentado el juicio 497/2020 ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal.
Y si bien se reclama una orden de aprehensión, se deduce que para entonces ya estaba detenido, por lo que, en ese supuesto, el amparo terminaría sin efecto alguno. Es decir, Bautista ahora tiene una situación jurídica distinta, que es la vinculación a proceso.
Caso contrario es el de Mario Alonso Alcántar y Clemente González, los cuales, por separado, interpusieron los juicios 505/2020 y 489/2020, respectivamente.
El del líder del SUTSEN es estudiado por el Juzgado Primero de Distrito, y el del SITRAPEN por el Juzgado Tercero.
Los juzgados federales concedieron tanto a Alcántar Quiroz como a González Muñoz una suspensión provisional contra la reclamada orden de aprehensión, lo que significaría que, en caso de que se haya girado la misma, puedan presentarse voluntariamente ante el juez que los requiere y, en una audiencia, escuchar la formulación de cargos por la Fiscalía General del Estado (FGE). Se deduciría que no existiría riesgo a ser detenidos gracias a esa suspensión provisional.
Mario Alonso deberá ofrecer una garantía ante el Juzgado de Distrito de cuatro mil pesos, mientras Clemente de tres mil 500.
Los juzgados federales han solicitado que diversas autoridades involucradas, tanto de la Fiscalía como un juez de control, informen la situación de ambos líderes sindicales, especialmente sobre la existencia de la reclamada orden de aprehensión.
Se estima que en los siguientes días podrían presentarse más juicios de amparo, especialmente de quienes ingresaron a la Embotelladora del Nayar tras violentar la puerta y quedaron grabados en cámaras de video de la empresa y de medios de comunicación, o en fotografías.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
