El Comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas de Nayarit, Ezequiel Chirino Valero indicó que para poder cubrir las medidas de ayuda inmediatas que necesitan las personas atendidas por la CEAIV, en este 2022 se advierte la utilización de bienes asegurados, decomisados o abandonados relacionados con algún delito, podrían incluirse, de ser el caso, propiedades o bienes de ex servidores públicos, como el ex gobernador Roberto Sandoval.
El comisionado señaló que junto con la Fiscalía General de Nayarit y el gobierno estatal -así como otras autoridades que conforman la Comisión para la Supervisión de la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados-determinarán el destino de estas propiedades o bienes, de acuerdo a la Ley Estatal de Víctimas.
Chirino Valero recordó que dentro de las competencias de la CEAIV se encuentra el manejo de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), la Asesoría Jurídica Estatal y el Registro Estatal de Víctimas; con lo que se busca que las personas recuperen su proyecto de vida y exista reparación integral del daño.
En este sentido dijo que las medidas inmediatas refieren: apoyo en traslados, atención hospitalaria, alojamiento, funerales entre otras; pero también se contemplan medidas de reparación integral referentes a daños patrimoniales, a la integridad física de las personas, gastos y costos judiciales, tratamientos médicos, entre otros.
El subsidio estatal que tuvo la CEAIV para 2021 fue de 7 millones 796 mil 058 pesos, según el presupuesto de egresos del estado, de los cuales, 1 millón de pesos se destinó al fondo de ayuda.
Para acceder a beneficios económicos, las personas deben estar incluidas en el Registro Estatal de Víctimas (REESVI), luego un Comité Evaluador realiza un análisis de la situación socioeconómica, repercusiones de daños, vulnerabilidad de las víctimas entre otras cuestiones.
En 2020 la CEAIV registró a 169 víctimas de distintos delitos, aunque sobresale que 71 fue por desaparición de personas; además de 52 desapariciones cometidas por particulares, 2 por desaparición forzada; 8 por homicidio, 6 por lesiones calificadas y otras.
Desde el 3 de junio de 2019, con una reforma a la Ley de Víctimas, el artículo 103 dispone que el FAARI se integrará, además de lo designado desde el presupuesto de egresos, por el producto de la enajenación de bienes decomisados en los procedimientos penales; de multas y sanciones impuestas por violaciones de derechos humanos; fianzas o garantías; reparaciones del daño no reclamadas; sumas recuperadas en juicios civiles en contra de servidores públicos responsables de violaciones de derechos humanos.
Así como donaciones o aportaciones en efectivo o especie realizadas por terceros, personas físicas o morales, de carácter público, privado o social, nacional o extranjera, de manera altruista, y rendimientos que generen los recursos del Fondo.
