La Fiscalía General de la República informó que, en atención a notificaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentra en análisis de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa.
El organismo precisó que, conforme al marco constitucional y legal vigente, se deben cumplir de manera estricta los procedimientos establecidos en materia internacional, por lo que la documentación recibida es revisada para determinar si reúne los elementos probatorios necesarios que permitan su viabilidad jurídica.
De forma paralela, la Fiscalía inició una investigación para allegarse de información que permita establecer si existen datos de prueba que sustenten las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses y, en su caso, proceder conforme a derecho.
La institución subrayó que la legislación mexicana establece como requisito indispensable la existencia de datos de prueba que permitan inferir la probable comisión de un delito, mientras que el tratado bilateral en la materia condiciona la procedencia de la extradición a la suficiencia de las pruebas conforme a las leyes del Estado requerido.
En este contexto, la Fiscalía indicó que la solicitud referida no se encuentra acompañada, hasta el momento, de elementos probatorios suficientes que acrediten de manera contundente los hechos señalados.
Asimismo, puntualizó que este tipo de procedimientos deben conducirse bajo estrictos principios de confidencialidad, en apego a la normatividad internacional aplicable, por lo que la divulgación pública de la información resulta contraria a dichas disposiciones.
Finalmente, la Fiscalía General de la República reiteró su compromiso de actuar con estricto apego a la legalidad, garantizando el respeto a la soberanía nacional, al debido proceso y a los derechos de las personas involucradas.
