Minutos antes de las nueve de la noche de este martes 14, una de las dos juezas que, junto a un juez, integran un Tribunal de Enjuiciamiento, empezó a dar lectura al fallo condenatorio respecto al ex diputado local por el PRI y ex dirigente del transporte, Carlos “S”, para quedar como sigue:
Se le condenó a 35 años de prisión por el delito de secuestro como coautor material directo, además de imponérsele una multa equivalente a dos mil días y, en cuanto a la reparación del daño, se deberán pagar dos millones 745 mil 799 pesos al agraviado, quien era dueño de un terreno de 647 metros cuadrados junto al Puente Quebrado en Tepic, a un costado de Forum.
En realidad, el monto total asciende a tres millones 245 mil 799 pesos, pero se descontaron 500 mil pesos que fueron entregados en marzo del 2013 por el fiscal Édgar Veytia, cuando a base de amenazas y privación ilegal de la libertad, la víctima tuvo que acceder a la entrega del inmueble, todo ello confirmado con la escrituración efectuada en la notaría 36.
Esta audiencia, de individualización de la sanción, se llevó a cabo después de que el viernes 10 el Tribunal encontró culpable al que, cuando ocurrió el delito, era diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.
Por otra parte, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió que no es procedente restituir el terreno a la víctima de secuestro porque no está escriturado a nombre de Carlos -sino a Servicios Gasolineros Ave Fénix, cuya representante es su hermana Adriana-.
Lo anterior fue uno de los aspectos más debatidos por la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE), apoyada por la asesoría jurídica, que pedían la reparación del daño en lo económico más la restitución del inmueble, a lo que la defensa advertía que sería desproporcional considerar ambos aspectos, lo que significaría una doble reparación.
La condena de 35 años se decidió considerando la penalidad que existía el 21 de marzo del 2013 en que ocurrieron los hechos, y de que Carlos, decidió el Tribunal, representa un grado de culpabilidad medio.
Puesto que la sentencia no incluyó el decomiso del inmueble, la defensa pidió que se procediera a su devolución, a lo que la agencia ministerial y la asesoría estuvieron en desacuerdo, añadiendo que ese terreno forma parte de una investigación diversa.
El juez presidente del Tribunal dejó a salvo los derechos de la defensa en ese sentido, considerando que con la información disponible no podían emitir un pronunciamiento.
La próxima semana se efectuará otra audiencia de lectura y explicación detallada de la sentencia.
La audiencia inició alrededor de las tres de la tarde con un Carlos que apareció a través de una pantalla en la sala 1 del Centro Regional de Justicia Penal, pero no sólo insistiendo en que no escuchaba bien lo que se decía, sino preocupado porque no tenía chamarra, ni sus lentes, ni su medicina, y ni agua.
Habló entonces de que el lunes fue trasladado del penal federal El Rincón pero no especificó a dónde, a lo que el juez le dijo que, según había sido informado, efectivamente se trataba de un traslado involuntario por cuestiones de seguridad del propio sentenciado.
Carlos insistió que él no pidió ser trasladado y que se sentía más seguro en El Rincón.
En la parte final de la audiencia fue revelado que ahora se encuentra en una cárcel federal en el estado de Michoacán.
Cabe insistir que el fallo no es definitivo y seguramente en los próximos días se presentarán recursos de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que estudiará el asunto como segunda instancia.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
