Una investigación efectuada en los últimos meses por la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno a al ex gobernador Ney González Sánchez, condujo a un probable asunto de tráfico de influencias que en noviembre del 2014 motivó la liberación de su socio o prestanombres Héctor Cárdenas Curiel y que, ahora, abrió una causa penal contra los ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)  Pedro Antonio Enríquez Soto, Thoth Aldrin Lomelí Aguilar y Román Carlos Rafael González Momita.

Durante la madrugada de este jueves, en una audiencia que inició a las nueve de la mañana del miércoles, un juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra los tres ex magistrados por la probable relación con los delitos de fraude específico, el cometido por servidores públicos, tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones, y coalición.

No se dictó vinculación por asociación delictuosa, y abuso de autoridad, por los que también se formuló imputación.

El asunto, que habría generado una nueva orden de aprehensión contra Ney, incorporó el nombre del también ex magistrado Pedro Álvarez Hormaeche pero no como imputado, sino como testigo de la Fiscalía, lo que cobra relevancia porque se trata del que fuera uno de los personajes más cercanos al ex gobernador, quien en la primera parte de su administración (2005-2011) lo nombró director del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), desde donde, se ha revelado últimamente, el ex gobernador y Cárdenas realizaron muchos negocios inmobiliarios.

Otros dos testigos, que en la causa penal figuran como imputados aunque con un visible criterio de oportunidad; es decir, colaborando con la investigación, son el ex juez Héctor Hugo de la Rosa Morales, quien en 2014 estuvo adscrito al Juzgado Segundo Mixto de Las Varas, municipio de Compostela, y el juez en activo Filiberto Rojas García, que posteriormente ahí fue asignado.

Aquella sospechosa liberación de Cárdenas Curiel, entonces narrada por este reportero, aconteció en fin de semana, durante un “puente” a propósito del 20 de noviembre. Se le atribuía un fraude por 515 millones 860 mil 826 pesos en agravio de Carlos Brockman de Anda y SNR Diseño y Desarrollo S.A. de C.V., a propósito de los desarrollos turísticos Punta Raza 1 y Punta Raza 2, en el municipio de Compostela, mismos que, como se conoce, forman parte de la amplia investigación contra el ex gobernador.

Durante la agotadora jornada, después de escuchar a las partes en el juicio, el juez de Control fue desmenuzando el asunto:

Primero, según la imputación de la Fiscalía, cuando en septiembre del 2014, el día 17, supuestamente Pedro Antonio Enríquez hizo venir a su oficina a Héctor Hugo de la Rosa Morales –de acuerdo a declaración ministerial de éste-, juez en Las Varas, y en persona le dijo que le iba llegar un expediente de Héctor Cárdenas Curiel, a quien un mes antes el Juzgado Tercero Penal en Tepic le había dictado auto de formal prisión por el delito de fraude y se declaraba incompetente para seguir conociendo el proceso.

La versión de De la Rosa Morales añade que Enríquez le dijo que se debía apoyar a Cárdenas, por indicaciones de Ney.

A continuación, siguió diciendo el ahora ex juez,

González Momita le reiteró el apoyo a Cárdenas, indicándole que en el expediente 119/2014 debía dictarse un incidente de libertad por desvanecimiento de datos.

Y efectivamente, narró un juez de Control en las primeras horas de este jueves, un abogado del entonces procesado presentó la citada promoción.

Durante la audiencia de imputación, el viernes 17 de febrero, se había explicado que el 14 de noviembre del 2014 se desahogaron las pruebas del citado incidente y De la Rosa Morales lo declaró procedente.

Héctor Cárdenas habría sido puesto en libertad el sábado 15 de noviembre, pero la noticia tuvo impacto hasta el martes 18 puesto que el lunes fue “puente”. Entonces el 18 se presentó un recurso de apelación.

Se anunció que las dos versiones de Héctor Hugo de la Rosa fueron realizadas en presencia de un abogado, dado que se le considera imputado. La más reciente fue el uno de febrero.

Indicó que Pedro Antonio lo volvió a contactar para pedirle que llevara el expediente de apelación, toca penal 1093/2014, y que recayó en la ponencia del magistrado Thoth Aldrin, entonces presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.

Una segunda etapa de relevancia en los hechos investigados, destacada por el juez de Control, se traslada a noviembre del 2015 cuando el Juzgado Segundo Mixto de Las Varas era ocupado por Filiberto Rojas, quien también rindió una reciente entrevista en la Fiscalía.

Un día, aparentemente el tres de noviembre, recibió una llamada de Thoth Aldrin, que le pidió ir a su oficina. Así lo hizo al día siguiente. El magistrado le indicó que el expediente 119/2014 de Héctor Cárdenas debía finalizar con el dictado de la prescripción del derecho a la querella, y no sólo eso, sino que le entregó una “memoria” donde ya estaba hecha la resolución, oficialmente dictada el 15 de diciembre del 2015.

Tanto Héctor Hugo como Filiberto han justificado que temían represalias si no cumplían las indicaciones.

Fueron tantos los datos anunciados en la causa penal 178/2023 hora tras hora, que el debate llegó a resultar agotador.

Tras el dictado del juez Filiberto Rojas, se habría efectuado una mañosa notificación en un domicilio ajeno al asunto, lo que sigue siendo combatido mediante un incidente de nulidad de notificaciones, pero además, es ésa la parte que generó la posterior aprehensión, en junio del 2016, del entonces agente del Ministerio Público Miguel Ángel Astorga Medina, a quien la Fiscalía en tiempos de Édgar Veytia pretendió responsabilizar por no presentar a tiempo un recurso de apelación.

La agencia ministerial también incluyó el  testimonio de Astorga, que recordó que en aquellos días se le ordenó concentrarse en la Fiscalía, donde estuvo sin función alguna pero sin poder regresar a su lugar de adscripción. Y cuando se le permitió volver a Las Varas el plazo de presentación para el recurso ya había terminado.

Como ha sido informado en este espacio, otro ex juez está vinculado a proceso por lo tocante al caso Astorga.

A las 11:34 de la noche del miércoles, terminada una segunda intervención de Enríquez Soto, el juez dijo que empezaría a resolver el asunto. Un abogado le pidió un receso de cinco minutos para ir al baño, pero no lo concedió. Si quería salir, le dijo, podría hacerlo en silencio y después reincorporarse a la sala. Y es que, añadió, luego se malinterpreta cuando un juez se va de la sala por un rato antes de dictar una resolución.

Uno de los argumentos de la defensa particular, en el sentido de que se trataba de delitos ya prescritos, fue desestimado porque, se explicó, esta serie de sucesos ha mantenido vivo el asunto hasta la actualidad, pues incluso están pendientes de resolverse un juicio de amparo y otras actuaciones.

El juez urgió a la Fiscalía para que continúe realizando investigaciones puesto que estimó sin mayor peso el hecho de que se haya anunciado una entrevista, el seis de enero de este año, con el magistrado Alfredo Becerra Anzaldo, que votó en contra de una resolución de la Sala Penal dictada el  12 de enero del 2017, en el número de toca 1093/2014, mientras que los magistrados Thoth y Francisco Javier Rivera Casillas votaron a favor.

La agencia ministerial precisó que tanto en la resolución del juez Filiberto como en la ponencia de Lomelí Aguilar hay siete párrafos idénticos, que se leyeron en audiencia, con lo que se pretendió acreditar que ambas fueron hechas por la misma persona.

Las diligencias ministeriales también incluyen entrevistas de empleados del Poder Judicial adscritos al Juzgado Mixto de Las Varas, que dan cuenta del interés que representaba el expediente de Cárdenas Curiel, que oficialmente ingresó a la penal de Tepic el 14 de agosto del 2014 y fue liberado la noche del 15 de noviembre del mismo año.

A diferencia de Thoth Aldrin y Román Carlos Rafael, el ex magistrado Pedro Antonio hizo uso de la voz en dos ocasiones.

Como se conoce, desde diciembre del 2019 se encuentra en prisión preventiva justificada por el tema INFONAVIT de juicios ficticios, recluido en la cárcel federal El Rincón.

Habló que a él se le imputa un hecho supuestamente ocurrido el 17 de septiembre del 2014.

Ya estando preso, expresó, en el 2021 realizó un estudio sobre el abrogado Código Penal, que tuvo vigencia hasta el 15 de junio del 2016, y el nuevo Código Penal para el Estado.

Según su análisis, hay un error legislativo puesto que el cuarto transitorio marca únicamente atención a los asuntos ya iniciados, que están en trámite o en apelación, pero no se establece qué hacer con casos como el se le atribuye, que se hacen brotar ahora pero tienen una fecha de años atrás.

“Sé que la consecuencia puede ser difícil, pero es lo que hay. Es un error”, señaló, entendiéndose que esa pifia podría causar beneficios en delitos cometidos hace años.

Durante la audiencia en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic, los nombres de Ney González y Héctor Cárdenas fueron mencionados decenas de veces.

El testimonio de Pedro Álvarez Hormaeche resulta relevante porque no se anunció como imputado, lo que hace deducir que se trata de un testigo que colabora con la Fiscalía, y vaya que se trata de quien fue un personaje cercano al ex gobernador.

A Álvarez Hormaeche no se le ubica relación con el caso aquí investigado, aunque precisó que hace años tuvo que excusarse de conocer el expediente de Cárdenas cuando, en apelación, cayó a su ponencia en una Sala Unitaria donde estaba adscrito. La excusa fue en razón de que, efectivamente, conoce al sujeto porque Ney se lo presentó y le tocó cumplir diversas ventas de inmuebles a través del FIBBA.

El ex magistrado Álvarez Hormaeche contó que con los años fue distanciándose de Ney, considerando que en su grupo de magistrados más cercanos se mantuvieron Pedro Antonio, González Momita, Jorge Ramón Marmolejo, Thoth Aldrin, Raúl Gutiérrez Agüero, además de Adrián Alcántar. También indicó que la magistrada Ana Isabel Velasco llegó como una posición del PRD, e Ismael González, de los maestros, en referencia a la familia Montenegro, o que un hijo del ex magistrado Manuel Salinas era el secretario de Enríquez Soto.

La audiencia que inició el miércoles finalizó  prácticamente a las cinco de la mañana de este jueves.

Sobra añadir que lo resuelto por el juez de Control será combatido con algún recurso en los próximos días, y que la resolución no es una sentencia ni prejuzga sobre los imputados, sino la decisión del juez que autoriza la etapa de investigación complementaria.

Finalmente, el juez de Control impuso a Pedro Antonio Enríquez la medida cautelar de prisión preventiva justificada, amparado en que cuenta con otra causa penal.

Respecto a Thoth, el juez le pidió presentarse a firmar de manera quincenal mientras transcurre su juicio, no salir del país, entregar su pasaporte y visa, y no acercarse a testigos. Además, decidió suspenderlo un año como maestro de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) aunque con un mínimo vital equivalente al 40 por ciento de su salario. También deberá cumplir con una garantía económica de 250 mil pesos.

En cuanto a González Momita, igualmente deberá firmar cada 15 días, garantizar 250 mil pesos, en su caso no salir del estado sin autorización, no acercarse a testigos, y entregar pasaporte y visa.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com