Guadalupe Javier Ulloa Ríos, secretario del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN) y quien durante años se mantuvo como brazo importante de Luis Manuel Hernández Escobedo, enfrenta un reto: el acompañar una investigación que se sigue al líder histórico del SETUAN puesto que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), tanto la casa universitaria como el sindicato y la sociedad son  parte ofendida en los probables delitos que se atribuyen a Luis Manuel y a su hijo Gengis Manuel Hernández Aguilar: ejercicio indebido de funciones, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hernández Escobedo, en prisión preventiva desde mediados de enero del 2021 en relación con una causa penal por probable peculado y ejercicio indebido de funciones, y otra respecto al incendio en el Edificio Administrativo de la UAN en el 2017, estaría a la espera de la apertura de un tercer expediente relacionado con los ilícitos mencionados en el primer párrafo y que motivaron, el 16 de octubre del 2022, la ejecución de una orden de cateo, colocación de sellos, aseguramiento e inmovilización registral y catastral de diversos inmuebles por parte de elementos de la Fiscalía.

Trasladado desde principios de este año a una cárcel en Guanajuato, el asunto Luis Manuel volvió a escena porque acaba de conocerse la resolución de un juicio de amparo relacionado con los hechos del 16 de octubre.

Llama la atención que un Juzgado de Distrito ha advertido que la orden de un juez de Control que autorizó el cateo y aseguramiento de inmuebles en los municipios de Tepic y San Blas, concretamente de Luis Manuel –el de Gengis se estudia por separado-, repitió los argumentos de la agencia del Ministerio Público -una situación ya señalada por la justicia federal y citada en este espacio de información, en cateos efectuados en inmuebles del ex gobernador Ney González Sánchez y familiares-.

Por ejemplo, así es anotado en el caso que ahora ocupa este trabajo:

“De ahí entonces que, para autorizar el aseguramiento de inmuebles, colocación de sellos e inmovilización registral y catastral que en este juicio se trata, debió dar la mínima explicación de manera fundada, objetiva y congruente, que le permita arribar a tal determinación, así como exponer con qué datos de prueba se justificaba que la adquisición de dichos bienes por parte de la aquí quejosa, eran el producto de los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el que refiere se investiga, lo cual en el caso concreto no ocurrió, y que hace evidente que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación.”

La sentencia abunda más adelante:

“Se advierte que el juez de origen transcribió de manera casi íntegra la parte toral el contenido del oficio (…) signado por la agente del Ministerio Público en apoyo a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, haciendo una relación genérica de los datos de prueba que le fueron referidos en el mismo.

“Se afirma lo anterior, en virtud de que en el texto de la resolución reclamada, el juez responsable utiliza las mismas palabras y párrafos que la representación social, sin exponer argumentos propios, violando con su actuar los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia de la parte quejosa…”

Por lo anterior, se pidió al juez de Control dejar insubsistente lo ordenado el 16 de octubre del 2022, aunque, en caso de considerar que debe autorizar los citados actos, deberá emitir una nueva resolución en la que purgue los vicios señalados y explique con claridad las razones por las que considera tal necesidad, motivando de manera congruente su determinación.

Cabe agregar que el fallo podría ser combatido mediante un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.

Con lo anterior, resulta evidente que en los últimos años se ha realizado una amplia investigación, citada por la Fiscalía, que busca acreditar un enriquecimiento inexplicable del ex líder del SETUAN, ahora oficialmente jubilado.

Ya en anteriores trabajos de este reportero se ha indicado que desde la FGE se ha solicitado a instituciones bancarias el bloqueo por hasta 46 millones 734 mil 550 pesos de cuentas que pudieran estar a nombre de Hernández Escobedo.

Ahora se confirma que la búsqueda de información  de la Fiscalía ha ido desde acudir al Registro Agrario Nacional (RAN) para que se precise si Luis Manuel o su hijo cuentan con parcelas, o si tienen ganado e inmuebles en diversos municipios del estado.

Probablemente uno de los aspectos que más llama la atención en la investigación corresponde a sorprendentes gastos, producto de la inclinación de Luis Manuel por el juego en casinos, además del seguimiento a salidas de recursos desde el SETUAN, por lo que en ese sentido el sindicato habría sido requerido a proporcionar información.

De igual forma, los casinos en Tepic han revelado a la Fiscalía, a solicitud expresa, los manejos económicos que tuvo el usuario Luis Manuel Hernández Escobedo.

El ingreso de Hernández Escobedo a la UAN está reportado el uno de enero de 1976, con el puesto de “prensista Offset.” A su vez, Gengis Manuel el uno de mayo de 1998, siendo capturista de datos adscrito al SETUAN, desempeñándose como secretario de Organización del mismo.

Que se conozca, esta investigación por probable enriquecimiento que consta en la carpeta NAY/TEP-III/RH/13136/2020, aún no es ventilada como proceso penal, por lo que el debate todavía se mantiene en lo tocante a los aseguramientos de inmuebles.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com