Héctor López Santiago, quien fuera director de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) en una parte del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), compareció este jueves ante un juez de Control para escuchar imputación de la Fiscalía General del Estado (FGE) por su probable relación con los delitos de ejercicio indebido de funciones, coalición de servidores públicos, y peculado.
El asunto presentado por la agencia del Ministerio Público se refiere a irregularidades en más de tres mil cheques de los años 2015 y 2016, expedidos a nombre de decenas de trabajadores que tenían régimen de contrato y que, sin saberlo, surgieron tales cheques como si fueran empleados de base, aunque endosados a otras personas.
Un peritaje estimó una afectación de 13 millones 393 mil 96 pesos.
Cabe remarcar que la imputación no prejuzga la situación del también ex dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit (FEUAN), ex diputado local por el PRI y ex presidente municipal de Compostela, sino que se está en una etapa inicial cuyo seguimiento de audiencia para decidir la vinculación a proceso será la próxima semana.
En una situación similar se encuentra Daniel Crespo Vera, entonces jefe de departamento de Recursos Humanos de los SEPEN.
Ambos comparecieron al Centro Regional de Justicia Penal en Tepic previo citatorio de un juez.
Entre los tantos datos anunciados por la agencia ministerial se encuentra el de un trabajador de contrato administrativo, en cuyos cheques irregulares a su nombre apareció como maestro.
O de numerosas personas que narraron haberse dado de cuenta de manera circunstancial que contaban con base, pero sin notificación previa.
Según las entrevistas ministeriales llevadas a audiencia, en diversa ocasión López Santiago y otros funcionarios de SEPEN sostuvieron una reunión con los quejosos, explicándoles que el recurso de los cuestionados cheques no había sido cobrado, sino que era para pagarles su respectivo contrato y que de ello tenía conocimiento Roberto Sandoval.
Hubo quien recordó haber firmado cheques a su nombre, con fechas atrasadas, lo que efectivamente le parecía extraño, mientras que otros firmaron sin advertir el problema, emocionados porque ya tenían plaza segura.
La investigación que hoy fue presentada ante un juez ya llevaba varios años en la Fiscalía, puesto que varios empleados interpusieron denuncia.
Una buena parte de la audiencia fue dedicada a las medidas cautelares que debían imponerse: para el caso de Héctor López, el juez anunció la presentación de una garantía de dos millones de pesos, además de acudir a firmar cada 15 días, la prohibición de salir de los estados Nayarit y Jalisco, así como no acercarse a víctimas y testigos.
La agencia ministerial había solicitado que la garantía fuera de ocho millones de pesos y que se le suspendiera como maestro de la Unidad Académica de Contaduría en la UAN, sin embargo el juez consideró que no podría afectarse al alumnado ni sus percepciones, pero le impidió ocupar cualquier otro cargo público.
Para el caso del segundo imputado, además de la similitud de medidas cautelares, la garantía económica a cumplir es de 800 mil pesos, no los cinco millones que planteó la agencia ministerial.
A diferencia de López Santiago, cuyo defensor particular atendió el debate de las medidas cautelares, Crespo tuvo una participación activa, corrigió algunos datos ministeriales, y agregó que es una persona que se ha preparado e incluso participó en un reciente proceso para la elección de jueces, accediendo a las últimas etapas, aunque no fue seleccionado.
De acuerdo con los datos anunciados, es evidente que hay otros ex funcionarios que también son investigados.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
