En una estrategia jurídica para que se le permita seguir los procesos penales fuera de la cárcel, el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda interpuso esta semana un nuevo amparo en contra de un juez de Control que el reciente 16 de julio le negó un cambio de medida cautelar solicitado en audiencia, permaneciendo, por tanto, la prisión preventiva justificada en la causa penal 850/2020, misma que se sigue por el probable delito de falsificación de documentos en general.
Hasta ahora, se conoce, de las cuatro causas penales abiertas, en una de ellas ya fue cambiada la prisión justificada, una más será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otra espera turno en un Tribunal Colegiado en Tepic.
Se deduce entonces que la audiencia del domingo 16 obedecería a generar un nuevo acto –el rechazo del juez de Control- para motivar el amparo ante la justicia federal.
En aquella audiencia, parte de la cual asistió este reportero en el Centro Regional de Justicia Penal, el imputado tuvo comunicación a través de medios electrónicos desde la penal federal El Rincón en que está internado. Se le veía a través de una pantalla.
La defensa particular expuso de todo: que han transcurrido más de dos años desde su aprehensión, que tiene pasaporte y visa vencidos, además de enfrentar problemas de salud de tipo cardiovascular desde antes de su captura, en el flujo de sangre al corazón, así como hipertensión.
De igual forma, se indicó que Sandoval no tiene propiedades en el extranjero, que ha padecido el congelamiento de cuentas bancarias e, incluso, que duerme en el piso porque no cabe en la cama de la prisión, y que no se le proporciona repelente contra el piquete de moscos.
Tampoco puede ver a su nieta, lo que afecta su salud mental, expresó el abogado.
De igual forma, se recordó que en el expediente electoral por el caso PROSA –informado en este espacio- sí hubo un cambio de medidas a partir de un juicio de amparo.
Se propuso entonces que, de darse la libertad, Roberto Sandoval quedaría en reclusión en su domicilio y tendría colocado un brazalete electrónico, por lo que podría ser monitoreado las 24 horas del día. Además, se presentaría a firmar de manera periódica.
La citada causa penal aborda el caso del probable uso de documento falso para quedarse con 58 hectáreas ubicadas en el ejido Aután, municipio de San Blas, como parte del rancho El Sueño.
La solicitud de cambio de medidas cautelares fue rechazada por la agencia del Ministerio Público y por un abogado de la parte agraviada.
Por ejemplo, se expuso que los más de dos años transcurridos se debe a una prórroga solicitada por el defensor, o que las condiciones que mantienen la prisión justificada ya fueron anteriormente impugnadas en vía de amparo y que, incluso, en el recurso de revisión se venció el plazo para la interposición del mismo.
Un dato insistente en el tema Roberto Sandoval es que fue aprehendido en el estado de Nuevo León, donde se encontraba oculto.
Frente a los argumentos de las partes, el juez de Control decidió mantener la prisión preventiva justificada, que es, ahora, lo que se reclama ante un Juzgado de Distrito: que se le permita enfrentar los cargos fuera de la prisión.
De entrada, el Juzgado de Distrito ha ofrecido una suspensión provisional pero no para retirar la prisión preventiva, sino para que quede a su disposición en cuanto a su libertad personal, en el lugar donde se encuentra recluido.
Y añade:
“Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la parte quejosa sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva justificada, dado que al dictado del presente acuerdo, el orden constitucional mexicano se mantiene vigente en torno a la existencia de un catálogo taxativo donde la Constitución impone la obligación de imponer prisión preventiva justificada cuando de una serie de evidencias se puede concluir que, efectivamente, la libertad del imputado implicaría un riesgo para la procuración e impartición de justicia…”
Al ser negada la suspensión provisional como lo solicitaba el ex gobernador, se deduce que esta semana podría presentarse un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado, a quien se insistiría el cambio de medidas y el retiro de la prisión justificada.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
