A las 5:57 de la tarde de este lunes, un juez de Control impuso la prisión preventiva justificada al notario público número 6 con oficinas en Tepic, Arturo “N”, en tanto que la audiencia para decidir si es o no vinculado a proceso se decidirá en próxima fecha dentro del expediente 1665/2023.
La prisión justificada no prejuzga la situación legal del notario y es ello, precisamente, lo que a través de un defensor particular quiso asentar, en el sentido de no ser presentado como culpable, o bien el manejo de información de su caso por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que a través de la agencia del Ministerio Público formuló imputación por los probables delitos de falsificación de documentos en general, tráfico de influencias, y usurpación de identidad equiparada.
Para el dictado de la medida cautelar de prisión, el juez tomó en cuenta dos aspectos principales: el riesgo a la obstaculización de la investigación y, sobre todo, el riesgo para los ofendidos y testigos, puesto que varios de ellos señalaron sentirse amenazados.
Durante el debate de las medidas a imponerse, la agencia ministerial reveló que el notario también cuenta con el proceso 02/2023 del Juzgado Primero Penal del sistema tradicional, por los probables delitos de falsificación de certificaciones, y fraude.
En este sentido, el notario podría seguir el caso en libertad pero siempre y cuando garantice alrededor de dos millones 85 mil pesos por conceptos de fianza y reparación del daño. La audiencia sobre el posible auto de formal prisión –lo que en el nuevo sistema es la vinculación a proceso- se efectuará esta semana.
El defensor particular había propuesto que Arturo fuera liberado y se presentara a firmar cada 15 días, considerando que sería suficiente con los más de dos millones del otro proceso.
De igual forma, señaló que el notario ha mostrado siempre voluntad de atender los dos asuntos, tanto así, que la aprehensión se efectuó en instalaciones de la propia Fiscalía, a donde acudió el viernes 14.
“No estaba huyendo”, precisó, considerando que no existe imputación por amenazas, ello en respuesta al dicho de víctimas y testigos.
Al inicio de la audiencia, el notario 6 preguntó al juez de Control si le podían facilitar un Código Nacional de Procedimientos Penales, a lo que en unos minutos se le entregó una copia.
Además, estuvo haciendo anotaciones de cuanto se decía, y en la parte final solicitó que se dirigiera un oficio al director de la penal, donde está recluido, para que se le permitiera ingresar esos documentos y preparar su defensa legal al lado de su abogado.
Hasta ahora se ha reservado el derecho de rendir declaración.
La agencia ministerial sostiene que en esta historia el notario público asentó como ciertos hechos falsos para aparecer en un testamento de la señora María Guadalupe Zamorano Aguirre como su único heredero y albacea, lo que lo hacía dueño de todo cuanto tuviera la anciana, quien murió el 27 de febrero del 2016 a la edad de 97 años.
El testamento tendría una firma con fecha del 17 de octubre del 2006, a lo que hijos y nietos de María Guadalupe insisten que ella no supo qué firmó o no sería su firma, que ya no veía bien ni razonaba adecuadamente, porque resultaría imposible que teniendo seis hijos, más de 30 nietos y otros tantos bisnietos, heredara sus bienes a un notario público.
Fue citado que anteriormente la señora hizo dos testamentos, uno en 1998 y otro del 2000, en los que sí consideró a sus hijos, por lo que resultaba ilógico el insólito cambio unos años después.
Según la agencia ministerial, en el año 2010 tres estudios médicos concluyeron que la anciana era una persona incapaz mentalmente, y que ello alcanzaría cuatro años antes.
Llama la atención que la denuncia penal se presentó en abril del 2018, citándose que ello fue por el miedo que tenían a reacciones desde el gobierno de Roberto Sandoval y, especialmente, a la época del fiscal Édgar Veytia.
Otro de los tantos datos anunciados es que el 15 de diciembre del 2016, a las 14:57 horas fue iniciado el expediente 1529/2016 en el Juzgado Cuarto Familiar de Xalisco –a cargo del juez Braulio Meza Ahumada-, a petición del notario heredero, y que bastaron unas cuantas horas del día 16 para que se cumplieran todos los trámites, que normalmente pueden llevar días o semanas. Ésa fecha de 16 era el último día hábil del año en el Poder Judicial del Estado.
Una testigo narró que cuando tiempo después interrogaron a Braulio, éste contestó que Arturo le había dicho que se trataba de una familia de ingratos que trataba mal a la anciana.
La señora María Guadalupe Zamorano contaba con bienes ubicados por calle Puebla en el centro de Tepic para renta de negocios.
El viernes próximo, el notario y su defensa podrán dar contestación a la imputación formulada.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
