Que Ignacio Maldonado Tovar haya sido durante 24 años director de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), donde ingresó a laborar en 1975, es la razón por la que, en consideración de un juez de Control, es posible que pueda darse un peligro a la obstaculización de la investigación en la casa de estudios, dada la influencia en testigos o terceras personas que ahí laboran.

De acuerdo con la explicación, la UAN tiene conflictos que son del conocimiento público, “ha sido botín de diversas personas” que enfrentan problemas, e incluso desde su trabajo como juez ha tenido conocimiento de diversos expedientes, por lo que, insistió, existe un entramado de personas que pudieran generar influencia para obstaculizar la investigación.

Básicamente lo anterior fue el argumento para imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Ignacio Maldonado Tovar, a quien este lunes se le formuló imputación por los probables delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, y coalición de servidores públicos, dentro de la causa penal 1880/2023.

Contrario al pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE), la defensa particular había propuesto la libertad y presentación de Maldonado cada 15 días a firmar, una garantía de 20 mil pesos, el compromiso de no salir del municipio, y no acercarse a instalaciones de la Universidad y a testigos.

El defensor señaló que Maldonado fue aprehendido cuando salía de la penal de Tepic -la noche del domingo-, luego de que otro juez de Control no le impuso la medida de prisión, en la causa penal 1863/2023 que se le sigue por probable delito de administración fraudulenta y que fue citada ayer por este reportero.

Respecto al tema de que el imputado cumplirá 71 años en la última semana de agosto, y de que padece diabetes e hipertensión, el juez resolvió que no tiene certeza de que Maldonado tenga padecimientos graves o que no pueda estar en reclusión, además de que, recordó, el penal tiene la obligación de suministrar la medicina que un interno necesita, además de la realización de estudios médicos.

Esta segunda causa penal, cuya vinculación a proceso se decidirá el viernes –la otra será el jueves-, se refiere a las circunstancias en que el ex dirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores (SETUAN) Luis Manuel Hernández Escobedo obtuvo su jubilación a pesar de que, el tres de febrero del 2021 se giraron los correspondientes oficios, uno de ellos al titular de Recursos Humanos, para precisar la suspensión laboral de Luis Manuel, dado que ya entonces había sido vinculado a proceso en dos causas penales.

La imputación de la Fiscalía sostiene que hubo irregularidades de las que Ignacio Maldonado formó parte para beneficiar a Hernández Escobedo, lo que le ha permitido acceder a 923 mil 419 pesos, por concepto de jubilación, contabilizados hasta la primera quincena del reciente mes de mayo.

Como dato adicional fue señalado que Luis Manuel otorgó un poder a dos familiares para que puedan cobrar la jubilación, y que el mismo fue realizado ante el notario público José Luis Béjar Fonseca, quien certificó haber ingresado a la prisión federal El Rincón el 24 de enero del 2022 a recabar la correspondiente firma.

El asunto es que, según fue revelado, quien entró a la penal fue un empleado de la notaría 13, no Béjar Fonseca, según lo precisó la propia prisión.

Pero además de estas dos causas penales, resulta obvio que la Fiscalía podría llevar a Maldonado Tovar a varios procesos más, por ejemplo relacionados con estructuras familiares que se han mantenido por muchos años en la Universidad.

Dos ejemplos: en la audiencia del domingo se reveló que cinco familiares cercanísimos a Maldonado trabajan en la UAN –y esa investigación sobre otros parientes políticos podría ampliarse-, mientras que este lunes se mencionaron varios nombres que conducen a Luis Manuel Hernández, no sólo sus dos hijas y su hijo.

Entre los tantos datos citados ante el juez de Control, se mencionó que en la quincena 14 del 2018, dos familiares de Luis Manuel Hernández pasaron del nivel 11 al 12, que sería el más alto para trabajadores de la Universidad.

Es decir, lo anterior confirmaría que en los últimos tiempos ha habido una investigación que va identificando a quienes habrían recibido compensaciones económicas que no les correspondían, ascensos no justificados, pago de horas extras sin razón, o que habrían llegado a jubilación con categoría mayor a la desempeñada.

Por ello se entiende la importancia que tiene Ignacio Maldonado Tovar para las investigaciones de cuanto toca a la Universidad: él estuvo 24 años en la dirección de Recursos Humanos, donde se materializaron las decisiones relacionadas con lo antes señalado.

Ignacio Maldonado se dice ya jubilado de la Universidad pero con un trámite en curso, mientras que la Fiscalía y la representación jurídica de la UAN sostienen que aún es trabajador en activo.

Una vez el dictada de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, Maldonado fue trasladado a la penal de Tepic.

En todo momento se ha reservado el derecho a declarar.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com