La presidenta municipal con licencia en el municipio de Bahía de Banderas, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, quien aspira a repetir en el cargo y ser candidata por MORENA, tiene un departamento cuyo valor comercial fue estimado en 26 millones 250 mil pesos.
El inmueble está ubicado en el tercer nivel de una torre en El Tizate Residences, en La Cruz de Huanacaxtle, del citado municipio, y sería parte de los inmuebles donde el tres de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un cateo y aseguramiento.
Lo anterior forma parte de los datos revelados este miércoles ante un juez de Control en Tepic por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, al presentar imputación en contra de Cecilia Zareth “N”, quien desde julio del 2023 se desempeñaba como encargada de la dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, y la cual fue aprehendida el martes por su probable intervención en los delitos de fraccionamiento ilegal de inmuebles, ejercicio indebido de funciones, y tráfico de influencias.
La joven arquitecta, que se reservó el derecho de rendir declaración, durante la audiencia fue acompañada por cinco abogados particulares.
A ella se le atribuye haber emitido una constancia de habitabilidad a favor de El Tizate Residences, el 28 de agosto del 2023, la cual la Fiscalía considera que no debió ser por la serie de anomalías que existían.
De acuerdo con la información revelada en la audiencia judicial que transcurrió durante más de siete horas, el tema central del agandalle se lo llevan Mirtha Iliana Villalvazo, la ex directora de Ordenamiento Territorial Wendy Alejandra González Beltrán, así como Eduardo Huerta Marcial, operador de Villalvazo.
Según fue anunciado, el permiso para construir El Tizate se produjo en el 2021, poco antes de que Villalvazo Amaya asumiera el cargo en septiembre de ese año, por lo que tocó a su administración velar porque se cumplieran las normas contempladas en el proyecto original, situación que no se hizo, sino al contrario: por ejemplo, la torre cuenta con cinco niveles cuando inicialmente se autorizaron cuatro.
Además, fue anunciado, la citada Wendy Alejandra formaba parte de la empresa que construyó El Tizate y ni eso impidió que Mirtha Iliana la nombrara funcionaria en la dirección clave de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
A través de su representación legal, El Tizate Residences confirmó a la Fiscalía que uno de los departamentos está a nombre de Wendy Alejandra González, mientras que dos más, identificados con los números 233 y 234, son propiedad de Villalvazo Amaya, por lo menos uno de ellos entregado el 30 de abril del 2023.
Sobre lo anterior se precisó que estos dos departamentos en realidad están fusionados, tienen comunicación entre sí para convertirse en uno, y cuyo valor comercial fue estimado por una perito de la Fiscalía en 26 millones 250 mil pesos.
Un testimonio recogido por la Fiscalía de una persona que en algún momento tuvo cercanía con Villalvazo aseguró que ésta habría recibido otro departamento como regalo de parte de un empresario, cuando fue diputada federal por MORENA y le apoyó para que se le condonara una deuda que tenía con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La audiencia hizo referencia a testimonios que advierten que durante la administración de Villalvazo se produjeron autorizaciones de construcción por encima de la ley, pues son visibles los edificios que alcanzan niveles de altura fuera de la norma.
Si bien los nombres de Mirtha Iliana y Wendy Alejandra fueron mencionados decenas de veces, también se hizo alusión a Eduardo Huerta Marcial como un importante operador de la alcaldesa en la toma de decisiones.
Así, con los datos de prueba anunciados se deduciría que es inminente que la Fiscalía podría solicitar la orden de aprehensión contra Villalvazo Amaya y González Beltrán, o de lo contrario quedaría la creencia de que hay un manto de protección político.
Y en cuanto a la imputada Cecilia Zareth, ya prácticamente por la noche y después de un debate entre la defensa, la agencia ministerial y la asesoría de la parte agraviada, que en el caso es el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) y el propio Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el juez decidió imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La audiencia para decidir si se dicta la vinculación a proceso será en próxima fecha.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
