Roy Rubio Salazar, suspendido como titular de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), compareció este jueves a un nuevo juicio en que se le imputan los delitos de amenazas graves y falsificación de documentos, cuya resolución sobre el auto de vinculación a proceso se resolverá la próxima semana.
Sin embargo, la imputación a Rubio Salazar motivó un amplio debate sobre las medidas cautelares que debía imponer el juez de control José Manuel González Zepeda, pues mientras la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la prisión preventiva oficiosa, y también justificada, la defensa particular apeló a una diversa, lo mismo que Roy.
En la sala 5 de juicios orales, la representación ministerial explicó, producto de una denuncia interpuesta el año pasado por Francisco Pérez, que en septiembre del 2012 –Roy era secretario de la Contraloría estatal-, reveló haber sido objeto de amenazas, incluso que sujetos –al parecer, provenientes de una corporación- con armas de fuego se presentaron a su casa, indicándole que debía ir a la notaría 8 de Héctor Eduardo Velázquez, lo que acató el día 11 de ese mes.
Según la narración, la víctima se sintió presionada y por ello firmó el traslado de dominio de un terreno de tres mil 229 metros cuadrados, ubicado cerca del libramiento carretero, en Colinas del Rey, a favor de un joven identificado como César “N” “N”, colaborador cercano de Rubio.
El terreno había sido adquirido meses antes por Francisco, pactándose un precio de dos millones 583 mil pesos, de los que dio un anticipo de 700 mil pesos, y el resto sería pagado en mensualidades hasta el presente 2019.
La documentación notarial asentaría que César pagó un millón 10 mil pesos por el terreno, dato que rechazó el denunciante, pero resultó que el mismo 11 de septiembre del 2012, también en la notaría 8, se transfirió el dominio del citado bien a Rubio Salazar.
De acuerdo con los datos de prueba de la Fiscalía, tras la denuncia de Francisco Pérez, en el 2018 el mencionado César presentó un escrito a la agencia ministerial pretendiendo deslindar a Roy de los hechos investigados, precisando que el siete de enero del 2013 se revocó el poder otorgado cuatro meses antes.
Y aquí viene la otra parte del asunto:
La explicación ministerial asegura, acompañada de un dictamen pericial, que el escrito fechado el siete de enero del 2013 en realidad es reciente, por lo que por esos hechos se imputa el delito de falsificación de documentos no sólo a Roy y a César, sino a Carlos “N” “N” y Maura “N” “N” que firmaron como testigos, así como al licenciado en derecho Heledoro “N” “N”, a quien también se imputa el delito cometido por abogados.
Se insistió que César fue el medio para que Roy se quedara con el terreno, asegurado por la Fiscalía y cuyo valor actual alcanzaría seis millones 974 mil 640 pesos.
Dado que todos los imputados solicitaron la ampliación del término para el dictado de la resolución de vinculación a proceso, se impusieron medidas cautelares de firma periódica y garantías económicas de 30 mil pesos en el caso de César, ocho mil para Heleodoro, y cinco mil respecto a Maura y Carlos.
Sin embargo, el debate fuerte versó sobre la situación de Rubio Salazar, por quien la Fiscalía solicitó la prisión preventiva; es decir, la reclusión en la penal de Tepic mientras transcurre la causa penal 762/2019.
Por ejemplo, se habló de la existencia de armas de fuego durante las amenazas al denunciante, o de que Rubio enfrenta otro juicio, próximo a llegar a la etapa intermedia.
“Roy tenía el dominio del hecho.”
Al contrario, la defensa particular repitió que su cliente compareció a la audiencia por su voluntad, y lo mismo ha hecho cuantas veces ha sido requerido, por lo que no existía razón para creer que se daría a la fuga. Agregó que no ha faltado a firmar cada 15 días por la causa diversa, y respecto a las mencionadas armas, no son de él.
En el uso de la voz, Roy Rubio señaló que a Francisco Pérez lo conoce de hace unos 30 años, que ha estado en su casa y aquel en la suya, porque son compadres:
“No estuvo aquí para no verme a los ojos”, indicó respecto a la notoria ausencia.
Señaló que si los hechos denunciados ubican septiembre del 2012, cómo podría entenderse que un mes después, el 17 de octubre –día de su cumpleaños- Francisco y su esposa le pidieron, a él y a su esposa, que fueran padrinos de bautismo de su pequeño hijo, lo que aconteció en diciembre de ese año. Recordó que además del bautismo se festejó el primer año del niño y la boda civil de sus compadres.
Roy mostró fotografías y un documento que sería el acta de bautismo, a la que hizo alusión. Incluso, mencionó que “el padre Lalo” estaba dispuesto a ir como testigo para confirmar su dicho.
Además, el imputado llevó a la sala de audiencias un recuerdo del mencionado bautismo. Dijo que quería mostrárselo a su compadre para ver si recordaba que su esposa lo diseñó para su hijo.
Durante el prolongado debate, el juez González Zepeda anunció un dato que a la postre resultó determinante para dictar la no prisión preventiva: explicó que en el transcurso de este jueves se recibieron varios amparos, uno de ellos a nombre de Roy, citando que el Juzgado de Distrito le concedió una suspensión para que no se le impusiera prisión preventiva.
Al final, la medida cautelar se fijó en una garantía de 500 mil pesos.
Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
