Baldomero Zamora Rodríguez, actualmente suspendido y quien fuera juez Segundo Civil en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, rindió  declaración a puerta cerrada durante aproximadamente hora y media, en relación con el caso INFONAVIT-Poder Judicial de miles de juicios simulados.

Zamora Rodríguez compareció este lunes a una audiencia de ampliación de término constitucional, ante el juez de control José Manuel González Zepeda, dentro de la causa penal 809/2019.

Tal y como lo explicó este reportero en una nota del jueves nueve, el imputado optó por la ampliación del término, a diferencia de los ex magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto –que renunció- y Jorge Ramón Marmolejo Coronado –suspendido-, que solicitaron el inmediato dictado de la resolución, siendo vinculados a proceso por diversos delitos.

La defensa particular reveló al juez que el sábado 11, Baldomero rindió una declaración escrita en la Fiscalía General del Estado (FGE), misma que leería como declaración judicial. Solicitó que la misma se efectuara a puerta cerrada, por el riesgo que correría en caso de ventilarse lo ahí citado.

La agencia del Ministerio Público que representó a la Fiscalía aceptó la propuesta. Por unos segundos el juez pidió acercarse al imputado, su defensor y a la agencia ministerial. Hablaron en voz baja.

Luego se explicó que la grabación respecto a la declaración quedaría separada de la ampliación de término constitucional.

Se anunció un receso para que las cuatro personas que asistían como público, incluido este reportero, salieran de la Sala 5. Un policía estatal permaneció en el pasillo, vigilando que nadie se acercara a la puerta.

Concluida la declaración y tras un nuevo receso, reinició la audiencia pública, sin debate entre la defensa y la agencia ministerial.

El juez se abocó a detallar el dictado del auto de vinculación a proceso en contra de Baldomero Zamora por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad, cohecho, el cometido en la custodia de documentos, contra la administración de justicia, falsificación de documentos, y fraude específico, mismo que, cabe precisar, no prejuzga, sino que permite una investigación complementaria, que en el caso se acordó de seis meses.

Zamora no fue vinculado por los delitos de ejercicio indebido de funciones, y tráfico de influencias.

La amplia declaración a puerta cerrada habría revelado más detalles sobre lo acontecido, desde adentro, en el mayor escándalo en la historia del Poder Judicial de Nayarit.

Se deduce lo anterior porque inmediatamente después, la defensa particular solicitó una revisión a las medidas cautelares, proponiendo que su cliente se presentara a firmar cada 15 días y no semanalmente, y que la garantía económica fuera de 100 mil pesos. La semana pasada el juez le fijó cinco millones de pesos de garantía.

En uso de la voz, la agencia ministerial anunció que, en el marco de “un criterio de oportunidad”, no se opondría al cambio de medidas cautelares.

En ese sentido, la garantía quedó en 100 mil pesos.

Zamora es el segundo funcionario del Poder Judicial que rinde declaración a puerta cerrada. Se deduce que revelaría datos sobre lo acontecido y que, probablemente, confirman el papel que tuvieron los magistrados Enríquez Soto y Marmolejo Coronado.

Un aspecto que cabe recordar es que la noche del miércoles ocho, luego de que Baldomero solicitó la ampliación del término para el dictado de la vinculación a proceso hasta este lunes, continuó en la sala junto a sus abogados, en el área destinada al público.

De esa forma escucharon la estrategia de la defensa de los ex magistrados, que pretenderían ubicar  responsabilidad únicamente a los juzgados. Es decir, por ello se entendería que Zamora Rodríguez probablemente aportaría datos a la investigación, para aligerar el peso en su contra.

Por ejemplo, el abogado de Enríquez Soto señaló que, si es que hubo, en los juzgados, “una violación al debido procedimiento, es responsabilidad de quien lo haya hecho.”

En el mismo sentido, la defensa de Marmolejo observó que éste no era superior jerárquico de los cuatro jueces implicados en el asunto.

A diferencia de la audiencia anterior, que durante sus 20 horas tuvo considerable público, en ésta la disminución fue notable. De cuatro personas iniciales, el número se redujo a tres. La semana pasada, la Fiscalía advirtió que asistían individuos cercanos a otros imputados.

En un momento, un policía asignado a la seguridad  algo dijo a un muchacho y éste salió de la sala. Ya no regresó. El agente intercambió comentarios con una asistente del juez, en voz baja:

– ¿Hay un problema? –preguntó González Zepeda.

El agente respondió con un movimiento negativo.

La audiencia terminó pasadas las 12 del mediodía.

Nada se dijo sobre los jueces suspendidos Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López y Justino Rodríguez Barajas, que no han comparecido al juicio.

Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com