Este jueves se celebraron dos audiencias de la causa penal 809/2019, relacionada con la trama corrupta de juicios simulados del caso INFONAVIT-Poder Judicial de Nayarit.

Por un lado, en la sala 3 se efectuó una audiencia de prórroga de investigación complementaria y revisión de medidas cautelares respecto al ex magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto y el magistrado suspendido Jorge Ramón Marmolejo Coronado, ambos vinculados a proceso por diversos delitos.

El primero de ellos tiene medida cautelar de garantía económica de 15 millones de pesos y presentación a firma periódica, mientras que el segundo está en prisión preventiva, recluido en la prisión federal El Rincón.

Mientras tanto, en la sala 4 tuvo lugar la audiencia de formulación de imputación en contra de los jueces suspendidos Justino Rodríguez Barajas, que compareció previo citatorio, y Mario Alberto Cervera López, en prisión preventiva, recluido en la penal de Tepic desde el mes de mayo. Enfrenta una causa diversa relacionada con la misma historia.

De acuerdo con la explicación del juez de control José Manuel González Zepeda, Enríquez Soto fue notificado pasadas las dos de la tarde de este miércoles para comparecer a la audiencia, e igual su abogado, sin embargo cuando menos debían transcurrir 48 horas, incumpliéndose con el plazo legal, por lo que, dijo, se haría un apercibimiento al área de notificación. El ex magistrado será citado a nueva audiencia.

Respecto a Marmolejo Coronado, el juez concedió la prórroga de tres meses de investigación complementaria solicitados por un agente del Ministerio Público, el cual justificó que están pendientes diversas actuaciones, tales como exhortos enviados a todos los estados del país para conocer, por ejemplo, si los imputados cuentan con bienes en otras entidades. La defensa proponía mes y medio.

En cuanto al cambio de medidas cautelares, también fueron modificadas.

Como ya fue explicado en una nota anterior de este reportero, en la causa 809/2019 se impuso a Marmolejo una firma quincenal, una garantía económica de 15 millones de pesos y la prohibición de salir del estado, lo que permitiría enfrentar el asunto en libertad, sin embargo posteriormente se le inició la causa 961/2019, en la que se decretó la prisión preventiva justificada. Por ello está en reclusión.

Tal prisión preventiva, y una reciente negativa de acumulación de juicios, son combatidas mediante diversos recursos que no se han resuelto, razón por la que un defensor particular y el propio Marmolejo pidieron al juez que aún no se pronunciara, a la espera de conocer las resoluciones.

Por el contrario, la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) insistió en el cambio de medidas.

El juez recordó, ante un caso similar planteado por Marmolejo, que un Juzgado de Distrito le pidió pronunciarse sobre el cambio de medidas, aunque estuvieran pendientes los recursos.

Por ello, resolvió modificar las medidas cautelares e imponer la de prisión preventiva.

Con el nuevo escenario, la defensa solicitó que sean liberados los bienes con los que se garantizaron los 15 millones de pesos.

Ahora la incógnita es respecto a la situación del ex magistrado presidente Enríquez Soto.

Si bien trascendió que en su caso sólo se solicitaría la prórroga de investigación complementaria, queda la duda de si también se pedirá el cambio de medidas cautelares. A él también se le fijaron 15 millones y una firma periódica.

Se señala lo anterior puesto que, de entrada, en la sala 4 y ante el juez de control Filiberto Rojas García, el juez suspendido Justino Rodríguez Barajas rindió declaración a puerta cerrada, durante aproximadamente una hora, también en la causa 809/2019.

Rodríguez Barajas, quien fue juez Primero Civil en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, estuvo asistido por dos defensoras públicas, en tanto que Cervera López, ex juez de Compostela, por abogados particulares. Éste último se reservó el derecho de declarar.

Concluida la declaración privada, se permitió el regreso de Cervera, sus abogados, y el público, escaso por cierto.

Entre los numerosos datos anunciados por la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se mencionaron declaraciones ministeriales de ambos imputados.

La de Cervera López, por ejemplo, es la que motivó la causa 961/2019 en contra de Marmolejo –ya citada por este reportero-, a quien identificó como quien le hizo diversas entregas de dinero durante la simulación de juicios para favorecer al INFONAVIT.

Pero la que representó una novedad fue la declaración ministerial del juez Justino Rodríguez, rendida hace meses, que muestra el decidido papel que jugó el magistrado Marmolejo, insistente al citar que se trataba de un convenio legal con el INFONAVIT.

Todo inició con una invitación a comer en Rincón de Guayabitos, a donde el magistrado llegó acompañado de otra persona.

De acuerdo con la narración ministerial, Marmolejo explicó la situación a Justino, sin citarle que serían juicios simulados, sino justificando que el magistrado presidente ya había firmado un convenio con el INFONAVIT. (Para entonces, la simulación de juicios ya se llevaba a cabo en juzgados de Xalisco y Compostela).

Cuando Justino le preguntó cuántos juicios recibiría su juzgado, Marmolejo le dijo que entre mil a mil 500, lo que le causó alarma:

“Le dije que no era posible” porque son los que llevan en todo el año, a lo que el magistrado respondió que no se preocupara porque todo se haría en Tepic, en un aula de la Escuela Judicial.

El juez recordó que, con una sonrisa, Marmolejo le pidió que colaborara o de lo contrario se iría a la sierra, lo que sintió como una intimidación.

De regreso a Bucerías, Rodríguez Barajas intentó comunicarse con Pedro Antonio Enríquez pero no pudo. El que sí lo hizo, según le dijo después, fue el también juez de Bucerías Baldomero Zamora Rodríguez, citando que Pedro Antonio le confirmó el convenio.

Así pues, empezaron a llegar cajas con documentación que firmaban jueces y secretarios.

El juez Justino ubica otro momento en que Marmolejo Coronado le indicó que un abogado de nombre Saulo, también vinculado a proceso, sería el enlace.

De igual forma se refirió a un encuentro en un restaurante de Nuevo Vallarta, donde lo citó el magistrado, que llegó acompañado por varias personas, creyendo que entre ellos estaba un alto funcionario del INFONAVIT. Después supo que era Hugo Rosales Badillo, cabeza del despacho externo que tramó los juicios.

Para octubre del 2018, con el cambio de magistrado presidente y el arribo del magistrado Ismael González Parra, Rodríguez Barajas fue designado juez en Compostela, donde se encontró con la misma problemática. Se comunicó con el juez Cervera y éste le respondió que eran instrucciones de Marmolejo.

La declaración ventilada en la audiencia ubica un momento crítico para Justino Rodríguez, y que ocurrió a principios de diciembre pasado, días antes de los cateos efectuados por la Fiscalía que mostraron la fábrica donde se elaboraban los juicios ficticios, y la fábrica de escrituras.

Según narró, Marmolejo lo invitó a desayunar a un restaurante en Tepic. Él sí acudió, pero no el juez Baldomero. En el lugar estaban otros dos abogados del despacho externo. Los tres presionaron a Justino para que firmara actuaciones que habían quedado pendientes en Bucerías. Se negó. Les contestó que él ya estaba adscrito en Compostela y si realmente se trataba de un convenio institucional, debía firmar el nuevo juez de Bucerías.

Marmolejo insistió. Le aseguró que el magistrado González Parra ya tenía conocimiento, a lo que Justino contestó que entonces le hablara el magistrado presidente o el titular del Consejo de la Judicatura, Jaime Palma.

Un día después, Jaime Palma citó a Justino para notificarle su cambio de adscripción, ahora como juez de San Blas.

Para el 12 de diciembre, conocidos ya los cateos y el deslinde de Ismael González y otros magistrados, Marmolejo citó por última vez a Justino y a Baldomero Zamora, en un local de fiestas en la colonia SPAUAN. Les pidió firmar un oficio en el que mencionarían al notario público Antonio Humberto Herrera López –ahora vinculado a proceso y suspendido de sus funciones-, lo que interpretaron como una manera de deslindarse y dejarles el problema. No aceptaron.

También les ofreció el apoyo legal del abogado Amado Aguilar, lo que tampoco aceptaron por la cercanía de éste con el ex magistrado Pedro Antonio Enríquez.

La declaración ministerial concluye haciendo referencia a una reunión que tuvieron los cuatro jueces involucrados, incluido Braulio Meza Ahumada, de Xalisco. En la misma, indicó un agente ministerial, según la versión de Justino, Braulio aseguró que él sí recibió indicaciones directas del magistrado Enríquez Soto durante la simulación de juicios.

Por ahora el paradero de Braulio Meza es una incógnita. Se le considera prófugo.

Como han sido todas las audiencias de este asunto,  donde deben anunciarse numerosos datos de prueba, transcurrió desde la mañana hasta cerca de las siete de la noche.

La audiencia de vinculación a proceso se efectuará la próxima semana.

En cuanto a las medidas cautelares fijadas por el juez Filiberto Rojas, se anunció la prisión preventiva de Cervera López, en tanto que, para Rodríguez Barajas, deberá presentarse a firmar cada 15 días, una garantía de 100 mil pesos y la prohibición de salir del estado mientras dura el juicio, que enfrentará en libertad.

 Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com