Tepic.- Las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima Segunda Legislatura al Congreso del Estado concluyeron con el análisis y evaluación del Segundo Informe de Gobierno con la comparecencia del fiscal general, Petronilo Díaz Ponce.

Al comparecer ante el pleno, refirió que anteriormente no existía Estado de derecho: “la Fiscalía era un centro de operación de la delincuencia y no para combatirla; de las acciones que se han implementado este año en delitos cometidos por servidores públicos se concedieron al ministerio público como medidas cautelares garantías económicas por más de 10 millones de pesos, 48 órdenes de aprehensión y 28 citas para formular imputación, lo que permitió el proceso de 83 servidores públicos, la ejecución de 13 cateos, el aseguramiento de 284 muebles, 33 inmuebles, 40 cuentas bancarias y 3.85 millones en efectivo, se judicializaron 2 mil 440 carpetas de investigación, 2 mil 170 vinculaciones a proceso, 573 condenatorias y en juicio oral se tuvieron sentencias de 40 a 42 años en delito de feminicidio y 60 años en delito de secuestro.”

La actuación en el marco de la ley permitieron recuperar “448 vehículos, 384 entregados a sus propietarios sin costo alguno; en narcomenudeo, 646 personas detenidas en flagrancia, logrando el aseguramiento de 16 mil 597 dosis en metanfetamina, mil 174 de marihuana, 500 dosis de opio, 48 de cocaína y 312 personas vinculadas a proceso”, enumeró.

Díaz Ponce llamó a desplegar una política pública en la que participen todos los niveles de gobierno para enfrentar los problemas que se genera con una juventud y un pueblo envenenados con enervantes.

De igual manera informó de las acciones emprendidas en la localización de fosas en las que se logró la identificación de varias personas que se encontraban desaparecidas, sobre la inversión de tecnología en los laboratorios, la disminución de amparos y en robos a casa habitación y negocios.

Los cuestionamientos emitidos por los representantes populares nayaritas fueron aclarados oportunamente por el funcionario.

El legislador sin partido Ismael Duñalds Ventura reconoció el trabajo de la Fiscalía, mencionó que hay cosas pendientes, cuestionó sobre el proceso de los actos de corrupción del ex gobernador y ex magistrados del Poder Judicial, quienes aún gozan de libertad.

El diputado por el Partido Nueva Alianza, Ignacio Langarica Ávalos, cuestionó en materia de seguridad pública y la promoción de justicia, sobre la cobertura del Sistema Penal Acusatorio en todo el estado, trato con el Poder Judicial, sobre la diferencia que se tiene con el pasado y en la actualidad al interior de la Fiscalía, además sobre las acciones para recuperar la confianza de la procuración de justicia.

La legisladora del Partido Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía Ibáñez, inquirió sobre las acciones que se han implementado para recuperar la confianza del ciudadano en las querellas y denuncias que presentan, acciones para combatir los actos de corrupción en los ministerios públicos, sobre la inversión en tecnología en la modernización del servicio médico forense, sobre las acciones de las Fiscalías Especializadas, de los mecanismos para resguardar la identidad y datos personales de las víctimas de violencia, sobre los resultados de las acciones en violencia de género, además de la cantidad de denuncias en los delitos de acoso, hostigamiento y ciberacoso.

Del Partido del Trabajo, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez reconoció la actuación de la Fiscalía en los diversos procesos que le competen, preguntó sobre la coordinación que se tiene con las Fiscalías Especializadas, sobre las sentencias condenatorias en los casos de violencia contra la mujer, de mujeres desaparecidas, sobre las acciones implementadas para disminuir la violencia, las estadísticas de las personas desaparecidas, el rezago de la fiscalía, avances en la persecución de delitos, la aplicación del Sistema Penal Acusatorio, sobre las cifras de narcomenudeo, adictos y dosis de consumo.

Del Partido de la Revolución Democrática, los diputados Adán Zamora Romero y Eduardo Lugo López reconocieron la voluntad y el trabajo de la Fiscalía para disminuir la violencia en la entidad, también se señaló sobre el clamor social en la mala actuación de algunos ministerios públicos, se cuestionó sobre la actuación de la dirección de Investigación Ministerial, se refirió además sobre los avances de los laboratorios de criminalística certificados para la investigación.

Los representantes populares del Partido Revolucionario Institucional Jesús Armando Vélez Macías y Adahán Casas Rivas reconocieron los avances que se tienen en la actuación de la Fiscalía, preguntaron sobre la inversión en equipo de inteligencia, la vigilancia en las escuelas públicas y qué partidas del presupuesto son las que más necesita la Fiscalía.

Del Partido Acción Nacional, los diputados Rodolfo Pedroza Ramírez y Javier Hiram Mercado Zamora reconocieron el trabajo en equipo y algunos resultados como la recuperación de vehículos robados, la localización de cuerpos en fosas clandestinas, la creación de inteligencia patrimonial y solicitaron ampliar información sobre los avances en los procesos que se tienen en la Universidad Autónoma de Nayarit.

Al clausurar esta Sesión de Comparecencia, la vicepresidenta de la Comisión de Gobierno, diputada Claudia Cruz Dionicio, comentó que los malos no han desaparecido como arte de magia, si no que siguen ahí operando: “su encargo es grande, les otorgamos un gran valor porque hoy los nayaritas han recobrado la confianza en que la corrupción sea atacada, de que termine la impunidad y se regrese al pueblo lo que algunos saqueadores se han llevado de forma ilícita”.

Tepic.- La Fiscalía General del Estado obtuvo auto de vinculación a proceso contra José “N”, por su probable participación en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, tortura y lesiones en agravio de una persona de sexo masculino de identidad reservada.

Derivado de los actos de investigación efectuados, se puede precisar que los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo del año 2017 cuando José “N”, quien fungía como Presidente Municipal de Bahía de Banderas, presuntamente ordenó a tres de sus escoltas que localizaran a la víctima, y estos lo subieron a una camioneta y trasladaron a una propiedad del imputado, donde lo golpearon.

Por lo anterior, el Agente del Ministerio Público dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente, para lo cual se recabaron los elementos de prueba y derivado de los mismos un Juez concedió una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal el pasado 8 de noviembre, quedando a disposición de un Juez de Control, quien derivado de la carga probatoria ofrecida por el Ministerio Público dictó auto de vinculación a proceso de José “N”, por los delitos de abuso de autoridad, tortura y lesiones.

Además, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y estableció un plazo de 3 meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

El cúmulo de delitos que se cuentan en agravio de quien llevara el nombre de Miguel Ángel García Pérez, ha alcanzado para la vinculación a proceso de la ex regidora del Ayuntamiento de Tepic Zulma Rosario Altamirano Estrada, quien era su cuñada y, desde este miércoles, de un ex policía estatal identificado como Jorge “N” “N”.

Pero el asunto apunta más alto: al ex fiscal Édgar Veytia y, por lo menos, a quien fuera su secretario, Carlos Alberto Rodríguez Valdés, mejor conocido como “Willy”, que ha sido mencionado.

Previa tramitación de un amparo, el citado Jorge compareció este miércoles ante el juez de control José Manuel González Zepeda, en cuya audiencia la agencia del Ministerio Público formuló imputación por el delito de abuso de autoridad, por el que ya se decretó auto de vinculación a proceso.

Jorge continuará la causa penal 1461/2019 en libertad, cumpliendo con una firma periódica. Se anunció un plazo de cuatro meses de investigación complementaria.

Como es del conocimiento público, el caso Miguel Ángel es ejemplo de un abuso extremo puesto que a finales de noviembre del 2014 se le pretendió responsabilizar de la muerte de su esposa Gladis Denisse Altamirano –hermana de Zulma-, a pesar de que la autopsia reveló que fue por otra causa: comía un pastelito cuando sufrió asfixia.

Sometido a torturas, a Miguel Ángel se le inventó el delito de desobediencia y resistencia de particulares, siendo consignado ante el Juzgado Tercero Penal. En la cárcel estatal, recluido en el área para enfermos mentales, se le siguió golpeando y con amenazas extremas: era obligado a poner la cabeza en un tronco y le pasaban por encima un machete: “¡te vamos a cortar la cabeza!”, le gritaban.

Según contaría el propio Miguel Ángel años después –ya enfermo, con lesiones que lo llevaron a una silla de ruedas-, Zulma presionaba para que cediera la custodia de sus tres menores hijos.

De lo anterior se entiende por qué la causa penal cuenta con varios delitos como abuso de autoridad, intimidación, tortura, lesiones calificadas, tráfico de menores, entre otros, lo que hace deducir que hay otros ex funcionarios involucrados; es decir, los delitos son de acuerdo a determinada participación.

En el caso de Jorge, quien se reservó el derecho de rendir declaración, se le atribuye el probable delito de abuso de autoridad puesto que es uno de los policías de la Agencia Estatal de Investigación que firmó la puesta a disposición de Miguel Ángel ante un agente del Ministerio Público, asegurando que había sido detenido en la colonia Villas del Roble después que les tiró golpes.

En realidad, la detención se produjo en la Cruz Roja, a donde el joven trasladó a su esposa con la ayuda de un vecino.

De acuerdo con la narrativa, el segundo agente que firmó el documento aceptó en entrevista ministerial que un mando de la corporación le ordenó plasmar el delito de desobediencia y resistencia de particulares para justificar la detención, a lo que se sumó Carlos Alberto Rodríguez “Willy”, repitiéndole que hiciera las cosas o le diría al fiscal para que lo corriera.

Según el testimonio, el asunto es que Miguel Ángel ya presentaba lesiones. La orden de inventar un delito fue acatada.

Miguel Ángel García falleció el reciente 15 de septiembre, 14 días antes de cumplir 32 años.

El que uno de los agentes sea llevado a juicio por la forma cómo se inventó un delito, podría conducir a otros de los mencionados.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com

De acuerdo a información preliminar, una persona perdió la vida tras recibir lesiones producidas por arma blanca luego de una riña registrada en la colonia López Mateos de Tepic.

El cuerpo de la víctima a quien identificaron como Erick Humberto «N», quedó al interior de una tienda de abarrotes denominada “Yolani”, ubicada en la calle Acayapan esquina con la calle Emilio M. González.

Se trata de un masculino de 25 años de edad, quien al parecer fue agredido una cuadra antes de donde quedó finalmente; presenta heridas producidas por arma blanca en el abdomen, al parecer punzo cortante, sin que hasta el momento se conozca los motivos de la agresión ni quién o quiénes lo lesionaron.