Un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit deberá efectuar una nueva audiencia relacionada con el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017) respecto a la causa penal que se le sigue por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el que fue vinculado a proceso el 12 de junio del 2021, unos días después de su aprehensión en el estado de Nuevo León.
Se deduce lo anterior una vez que el Segundo Tribunal Colegiado en Tepic acaba de confirmar un amparo en revisión, ratificando lo que en su momento precisó el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, el cual pidió al juez de Control dejar insubsistente la resolución de aquel 12 de junio, citar a las partes involucradas y resolver nuevamente el caso, pero ahora exponiendo “las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así cómo es que los datos de prueba resultan idóneos y pertinentes para establecer que se ha cometido el delito y que existe la probabilidad que el quejoso lo cometió.”
La teoría del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) es que durante su mandato, Roberto recibió “moches” por parte de constructores por las obras realizadas, que además utilizó prestanombres y que el dinero ilícito fue destinado a la compra de ranchos y caballos.
Sin embargo, la protección de la justicia federal que estableció el Juzgado Primero de Distrito, ahora confirmada por el Tribunal Colegiado, precisa que “la resolución reclamada no se encuentra suficientemente fundada y motivada, pues la autoridad responsable (juez de Control) no estableció con claridad el hecho a encuadrar en la norma jurídico penal relevante, esto es, no precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se concretó a afirmar que con los datos de prueba expuestos en la audiencia le permitieron considerar que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del quejoso, de manera ambigua y sin exponer los hechos que encuadran en la conducta que la ley señala como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputa la Representación Social.”
De igual forma, se indica que en el auto de vinculación el juez de Control “mucho menos estableció los datos de prueba que, expresados en la audiencia de imputación, dieran noticia fehaciente de la ubicación de los bienes adquiridos, las personas que sirvieron de testaferros o prestanombres, las documentales públicas en las que se protocolizaron dichas adquisiciones y, en general, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, de tal modo que se posibilitara la defensa del imputado, tal como resolvió la Jueza de Amparo.”
Cabe agregar que de los varios expedientes que enfrenta el ex gobernador, en éste aún se mantendría la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que está recluido en la penal federal El Rincón.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
