Un juicio de amparo presentado por el diputado local por MORENA, Manuel Ramón Salcedo Osuna, en contra de los Servicios de Salud en Nayarit, por el cobro de traslados en ambulancia, en situaciones de emergencia y programados, entre los hospitales de Acaponeta-Tepic, Acaponeta-Santiago Ixcuintla, y Acaponeta-Rosamorada, ha tenido un primer tropiezo porque le fue negada la suspensión provisional del acto que reclama, al no acreditar un interés jurídico o legítimo en el tema.
El expediente 544/2020 fue admitido la semana pasada por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo en Tepic.
Que Salcedo Osuna sea diputado no le alcanzó, de momento, para acreditar que pertenece a la colectividad afectada por esos cobros.
La resolución del juez federal Arturo Herrejón Cedeño ofrece una explicación en ese sentido:
“En el caso que nos ocupa, es importante distinguir que el quejoso acude a la instancia constitucional aduciendo un interés legítimo (…)”
Manuel Ramón se presenta como diputado del Congreso del Estado, “quien, a su decir, ha recibido diversas solicitudes de apoyo económico para el cobro de ambulancias, provenientes de personas pertenecientes al distrito uno de esta entidad federativa (…), de las poblaciones correspondientes al distrito electoral que lo eligió como legislador del Estado de Nayarit.
“Empero, aun cuando pudiera estimarse que se cumplen con los requisitos (…) para demostrar el interés legítimo que aduce, la realidad es que no se satisface ni siquiera indiciariamente (…), puesto que, hasta este momento, el peticionario de amparo no acreditó pertenecer a la colectividad que, desde su perspectiva, resiente la afectación (…)
“No se soslaya que la única prueba documental exhibida por el quejoso con el escrito inicial es una copia simple de un letrero que establece diversos costos en ‘traslados de ambulancia’; empero, tal documental sólo revela la existencia del acto reclamado (…), más no demuestra que el promovente pertenezca a la colectividad que, según refirió, resiente la afectación…”
Más adelante, agrega:
“Tampoco pasa inadvertido que se ostentó como un legislador local y representar a las poblaciones del distrito uno ante el Congreso del Estado de Nayarit, pues al margen de que no exhibió constancia de ello, la realidad es que la representación de dichas poblaciones únicamente ocurre en el ámbito legislativo, esto es, se trata de una representación parlamentaria, la cual implica atender los intereses de la ciudadanía que lo eligió, así como sus propuestas, y tomarlas en consideración en el quehacer legislativo propio del cargo que ostenta.
“En ese sentido, la representación parlamentaria que pudiera o no tener respecto de las poblaciones que, a su decir, resienten la afectación el acto reclamado, resulta insuficiente (…). De ahí que la parte quejosa incumple con acreditar el interés para obtener la suspensión del acto reclamado, pues no puede establecerse válidamente que pertenezca a la colectividad en la que se ejecuta (…), lo cual constituye un requisito mínimo para demostrar la afectación a su interés legítimo.
“Es decir, la parte quejosa debía acreditar encontrarse en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, a saber, acreditar contar con la calidad de habitante o vecino de la comunidad en la que, a su decir, se llevan a cabo el cobro de los traslados de ambulancia”.
Por tales consideraciones, se negó al diputado de MORENA la suspensión provisional del acto que reclama, al no reunirse los requisitos para su procedencia.
Entonces el cobro continuará por los traslados de ambulancia.
El próximo mes podría efectuarse la audiencia constitucional, en que se estudiará el asunto con base en informes que rindan las autoridades de Salud en el Estado.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
