Este martes se celebró una audiencia intermedia sobre la situación de Alonso Villaseñor Anguiano, quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) en el gobierno de Ney González Sánchez, mientras que la audiencia respecto a Federico Gutiérrez Villalobos, ex secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico en la época de Roberto Sandoval Castañeda, fue diferida para la última semana de enero del 2021.
Según los datos recogidos, no parece haber tregua entre las partes, lo que hace suponer que se llegará a juicio oral ante un Tribunal de Enjuiciamiento, aunque ahora se anunció que se está a la espera de que se resuelvan amparos pendientes de Villaseñor Anguiano.
Una situación similar sería la de Gutiérrez Villalobos, pero ello se precisará en su audiencia, dado que se acogió a una prórroga.
Ambos enfrentan los cargos en libertad, cumpliendo con diversas medidas.
En el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic, la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) precisó ante un juez de control que en juicio oral solicitará una pena de 12 años de prisión por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, así como la reparación del daño que oscilaría en 80 millones de pesos.
Por su parte, la defensa particular de Alonso Villaseñor presentó un incidente en la causa penal 1430/2018, insistiendo que el juez local debe declinar por tratarse de un asunto de competencia federal, dado el origen de los recursos. Puesto que el mismo fue rechazado, seguramente en los próximos días se interpondrá alguna inconformidad.
Villaseñor en todo momento ha insistido en su inocencia.
Un tercer imputado estaría en proceso de recibir un criterio de oportunidad; es decir, tendría disposición de cooperar con la investigación a cambio de que Fiscalía no le formule cargos.
Como ya ha sido informado por este reportero, la opacidad del caso Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit (FONAY) inició en el 2009 con Ney González Sánchez, al firmarse un convenio con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, donde éste y la administración local aportarían 50 millones de pesos cada uno para el apoyo de empresas, sin embargo el Gobierno del Estado incumplió, lo que echó abajo el citado acuerdo. Posteriormente, la Secretaría de Economía ganó un juicio mediante el cual debía devolverse el monto invertido, pero el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda fue omiso y, en cambio, se continuaron usando los recursos.
Según ha trascendido, esa historia tendría alguna similitud con una de las órdenes de aprehensión giradas contra Sandoval Castañeda, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES), por un daño al erario público de aproximadamente 20 millones de pesos.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
