Tepic.- La Fiscalía General de Nayarit informó que logró auto de vinculación a proceso contra José Luis “N”, Humberto “N”, Aldo Emanuel “N” y Alberto Efraín “N”, al primero por su probable intervención en hechos que la ley señala como delito de falsificación de certificación, a Humberto «N» por su presunta participación en hechos que la ley configura como delitos de falsificación de documentos y cohecho, en tanto a los otros dos por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho, registro e inscripción de inmuebles y ejercicio indebido de funciones, cometidos en agravio de Registro Público de la Propiedad y el Comercio del estado de Nayarit, Catastro e Impuesto Predial Municipal de Tepic y de la sociedad.

De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, el suceso ocurrió en septiembre de 2020, cuando una persona de sexo masculino le comentó a Humberto “N” -quien fungía como su abogado desde años atrás-, que quería obtener la propiedad de un inmueble ubicado en la colonia Cuidad Industrial de esta ciudad, del cual tenía la posesión desde hacía aproximadamente once años, contestando el abogado litigante que podía solucionarlo.

El 13 de octubre del año 2020, Humberto “N” citó a su cliente y a tres testigos en su despacho, lugar donde elaboró un contrato de donación al cual modificó la fecha de su elaboración, plasmando como fecha el día 2 de febrero del año 2014 y asimismo, al realizar el documento, le atribuyó a una persona de sexo masculino la calidad de dueño del bien inmueble, para que se pudiera hacer una supuesta donación, estando en ese lugar al momento de la donación personal de una notaría, con la finalidad de darle formalidad y obtener la propiedad del bien inmueble.

Fue así que el mismo 13 de octubre de 2020, José Luis “N” en su carácter de Notario Público suplente, certificó hechos que no eran ciertos.

Posteriormente, a principios de junio del 2021, Humberto “N” buscó a un trabajador de las oficinas de Catastro Municipal para que lo ayudara con la inscripción de la escritura pública, diciéndole que le entregaría la cantidad de $190,000.00 para hacer algo ilícito como lo era inscribir y registrar la escritura pública en Catastro Municipal y Registro Público, por lo que este trabajador a petición del abogado Humberto “N” propuso a Alberto Efraín “N”, quien fungía como Jefe del Departamento de Catastro, para que realizara el trámite correspondiente con el objeto de que se generara la clave catastral y a cambio le entregarían la cantidad de $110,000.00, y teniendo conocimiento que podían resultar afectados los intereses de Catastro e Impuesto Predial de Tepic, se omitió informar a la entonces directora y posteriormente Aldo Emanuel “N”, quien era Jefe del Departamento de Control y Registros del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, realizó el trámite de la inscripción del registro de la escritura pública, para lo cual recibió la cantidad inicial de $15,000.00 pesos y posteriormente otros $15,000.00, para que realizara el registro correspondiente, esto sin verificar que se cumpliera los requisitos; es decir, que previamente exista el derecho inscrito de la persona que otorgó el título.

“La Agencia del Ministerio Público expuso los elementos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación ante el Juez de Control, quien vinculó a proceso a José Luis “N” por el delito de falsificación de certificación, así como también vinculó a proceso a Humberto “N” por los delitos de falsificación de documentos y cohecho, e hizo lo propio con Aldo Emanuel “N” y Alberto Efraín “N” por los delitos de cohecho, registro e inscripción de inmuebles y ejercicio indebido de funciones”, detalló la dependencia.

Además se estableció como medidas cautelares garantía económica, firma periódica quincenal, restricción para salir del país y prohibición de acercarse a los testigos, y a Humberto «N» se le suspendió de su función como abogado. En el caso del exnotario y el abogado litigante, la autoridad judicial estableció un plazo de 6 meses para el cierre de las investigaciones complementarias, en tanto para los exfuncionarios del Registro Público de la Propiedad y el Comercio se fijó un plazo de 2 y 3 meses, respectivamente, para el cierre de las investigaciones complementarias.