Minutos antes de las cinco de la tarde de este sábado, un juez de Control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el caso del notario público número 36 con oficinas en Tepic, Alonso González López.
La medida se mantendrá cuando menos hasta la celebración de otra audiencia, la próxima semana, en que se resolverá si es vinculado a proceso por los probables delitos de asociación delictuosa y de cooperación o auxilio de secuestro en el conocido caso Corchado: papá e hijo que en la época del fiscal Édgar Veytia fueron presionados en extremo, incluso con el secuestro del hijo, para obligarles a vender un extenso terreno en El Puente Quebrado, a un costado de la tienda Sams en Forum.
En síntesis, la imputación que presentó la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) describe una serie de actos notariales, de escrituras relacionas con ése terreno y cuya tramitación se efectuó en la notaría 36, lo que, según la representación ministerial, no era casualidad ni coincidencia.
A lo largo de la audiencia fueron mencionados repetidas veces los nombres de Veytia, Carlos Saldate Castillón o su hermana Adriana, que han estado ligados al tema de El Puente Quebrado.
Ambas víctimas Corchado permanecieron en una sala anexa del Centro Regional de Justicia Penal, conectadas a la sala principal a través de medios electrónicos.
Puesto que el imputado, asesorado por dos defensores particulares, solicitó que el término para el dictado de la resolución se diera dentro de 144 horas, no se produjo debate respecto a la imputación, por lo que seguramente se efectuará en la próxima audiencia para solicitar la no vinculación a proceso.
De hecho, los abogados pidieron el auxilio judicial para poder entrevistar a las víctimas y peritosmencionados en la carpeta de investigación.
En lo que sí existió debate fue respecto a las medidas cautelares que debían dictarse, puesto que los delitos que se imputan no obligan a la prisión preventiva de oficio, por lo que la agencia ministerial solicitó la justificación de la misma, estimando que si el notario era liberado podría obstaculizar la investigación, además del riesgo que ello implicaría para las víctimas por el vínculo que, se dijo, continuaría teniendo con la familia Saldate.
Durante la audiencia se mencionaron diversos hechos, acompañados de testimonios, de cómo los Corchado, ante la presión ejercida en tiempos de Veytia, tuvieron que dar marcha atrás a acuerdos de venta ya acordados con otras personas.
En su intervención, la defensa pidió que el notario no estuviera en prisión justificada y, en cambio, propuso la presentación a firma, una garantía de 50 mil pesos, el compromiso de no salir del estado y del país, no acercarse a víctimas y a testigos, e incluso aceptar la suspensión temporal como notario público.
El defensor mencionó que el reciente nueve de junio González López compareció como testigo a oficinas de la Fiscalía y ahí dijo estar a la orden para cualquier información que se requiriera.
Alonso habría señalado que no se dio cuenta que las víctimas hubieran ido a su oficina coaccionadas, durante los trámites de escrituras, a diferencia de la explicación de una agente del Ministerio Públicoque, incluso, mencionó que una testigo estuvo llorando en la notaría.
El juez de Control encontró elementos suficientes para el dictado de la prisión justificada, la que se mantendría en caso de que el notario sea vinculado a proceso; ambas situaciones no prejuzgan sobre susituación.
Que en al menos una ocasión las víctimas hayan sido acompañadas a la notaría por hombres armados fue uno de los varios puntos tomados en cuenta por el juez.
Entre otros aspectos que aborda el auxilio judicial solicitado, un defensor pidió que se exhorte a la Fiscalía para que se abstenga de emitir información sobre el asunto.
Alonso González es notario público desde el 2005, cuando el entonces gobernador Ney González Sánchez le concedió la patente.
Puesto que Veytia fue notario público 39, con oficinas en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, mantuvo una sociedad notarial precisamente con González López, ya que el ser fiscal le impedía ocupar la notaría.
Esto último también fue un dato citado por la Fiscalía.
El imputado se ha reservado el derecho de rendir declaración. Su aprehensión se efectuó durante la noche del viernes dos.
La dirección del Notariado del Gobierno del Estado y el Colegio de Notarios serían notificados del presente caso.
Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
