Gerardo González

El estacionamiento en la zona centro de Ixtlán del Río se ha convertido en uno de los principales problemas urbanos del municipio ya que comerciantes y visitantes han reportado la dificultad para encontrar lugares disponibles, especialmente durante las horas de mayor actividad.

De acuerdo con las autoridades locales, algunos automovilistas llegan desde temprano, dejan sus vehículos estacionados todo el día y los retiran hasta la tarde, lo que limita el acceso para quienes solo buscan realizar compras o trámites breves.

El gobierno municipal exhortó a los conductores a utilizar espacios disponibles a unas cuadras del primer cuadro de la ciudad, donde existen alternativas sin afectar la movilidad. También se hizo un llamado a los motociclistas, ya que en algunos casos las unidades ocupan más de un lugar destinado para automóviles.

Las autoridades destacaron que se requieren más espacios de estacionamiento, pero también mayor conciencia por parte de la población para facilitar el acceso al centro y favorecer la actividad comercial y turística.

En Sesión Pública Ordinaria de las y los diputados de la Trigésima Cuarta Legislatura, los representantes populares presentaron iniciativas enfocadas al deporte y la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables.

Al hacer uso de la Tribuna, la legisladora Jessica Abilene Torres Fregoso, presentó la iniciativa para reformar el Código Penal para el Estado de Nayarit, a fin de tipificar el delito de esterilización forzada o sin consentimiento.

La propuesta busca que la esterilización forzada sea un delito en Nayarit, es decir que cualquier procedimiento que impida a una persona reproducirse sin su consentimiento libre y consciente sería ilegal. La iniciativa también establece penas más severas si la víctima es mujer, personas con discapacidad o de comunidades indígenas.

En su oportunidad la coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo, diputada Marisol Sánchez Navarro, presentó la iniciativa para reformar el Código Civil, la cual tiene como fin reconocer la violencia vicaria como una de las formas de violencia familiar.

La iniciativa reconoce la violencia vicaria y la ejercida a través de terceras personas como formas de violencia familiar, protegiendo los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, promoviendo la erradicación de la violencia en el hogar y la escuela, fomentando el respeto y el cuidado emocional, y garantizando la intervención estatal y la protección legal integral.

Por su parte el legislador Diego Cristóbal Calderón Estrada, representante Parlamentario del Partido Movimiento Levántate para Nayarit, habló de su iniciativa para reformar la Ley de Cultura Física y Deporte y la Ley Municipal, en materia de infraestructura deportiva.

Al referirse a su propuesta, señaló que el propósito de la modificación de los dos ordenamientos legales es fortalecer el desarrollo deportivo en los municipios mediante el fomento de la práctica del deporte y la asignación de recursos para mejorar los espacios deportivos, promover la convivencia, la inclusión y el bienestar físico y mental de la población, así como garantizar instalaciones seguras y accesibles que impulsen una cultura de actividad física permanente.

Cada una de las iniciativas presentadas ante el Pleno de los 30 representantes populares fueron turnadas a las Comisiones Legislativas competentes para ser analizadas, discutidas y en su caso aprobadas.

La Fiscalía de Nayarit y de Jalisco, informaron sobre la detención de Saúl “N”, quien era buscado por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. El mandato judicial fue cumplimentado el pasado 9 de noviembre por personal de la Dirección de Órdenes de Aprehensión.

De acuerdo con la investigación, el detenido fue localizado en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, en un operativo realizado con apoyo de la Fiscalía de esa entidad. La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado Décimo Quinto de lo Penal del Primer Partido Judicial, con sede en Jalisco.

Los hechos por los que es señalado ocurrieron el 25 de febrero de 2007 en la colonia La Severiana, en Tonalá, donde un grupo de personas habría agredido con armas de fuego a cuatro hombres, resultando uno de ellos sin vida y tres más lesionados.

La autoridad informó que hasta el momento se han cumplimentado tres órdenes de aprehensión relacionadas con este caso, mientras que continúan las indagatorias para localizar a los demás involucrados. La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de continuar las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, informó que la autopista Tepic–Compostela permanecerá libre de peaje durante lo que resta de 2025. La decisión fue acordada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recientemente inauguró esta nueva vía de comunicación.

Durante el primer informe de gobierno de la presidenta municipal de Xalisco, Anabel Guerrero, el mandatario estatal precisó que el cobro de peaje iniciará en enero de 2026. Hasta entonces, los automovilistas podrán circular sin pagar por el uso de la autopista.

Navarro Quintero señaló que la obra ya forma parte del patrimonio nacional y que, una vez que inicie el cobro, la inversión podrá recuperarse gradualmente.

La Fiscalía General de la República confirmó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra los exgobernadores de Nayarit, Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda, así lo informó Cristina Reséndiz Durruti, fiscal especializada de Control Competencial de la FGR, durante una conferencia de prensa celebrada este 11 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México en la que estuvo presente el gobernador Miguel Ángel Navarro y funcionarios de Nayarit.

La funcionaria explicó que los exmandatarios están vinculados con delitos relacionados con la presunta apropiación ilegal de más de nueve millones 600 mil metros cuadrados de terrenos en la zona de Nuevo Nayarit, operación que habría beneficiado a particulares a través de un fideicomiso. Ambos son investigados por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia.

En el caso de Roberto Sandoval, la FGR detalló que la carpeta de investigación continúa en integración. Sandoval, quien gobernó Nayarit de 2011 a 2017, se encuentra recluido en una cárcel de Tepic desde 2021 y recientemente fue sentenciado a siete años de prisión.

Respecto a Ney González, gobernador de 2005 a 2011, la fiscal confirmó que sigue prófugo de la justicia y cuenta con una ficha roja emitida por Interpol para su búsqueda internacional. Además de las órdenes federales, enfrenta procesos locales por peculado, falsificación de documentos, ejercicio indebido de funciones y administración fraudulenta.

Por su parte, el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, informó que se han asegurado varios bienes relacionados con González Sánchez tanto de su patrimonio personal como del fideicomiso Bahía de Banderas. En total, las acciones derivadas del llamado “Mega Operativo Nuevo Nayarit” han permitido recuperar más de nueve millones de metros cuadrados de terrenos de alta plusvalía, incorporados al patrimonio estatal.

Desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en el área de Delincuencia Organizada de la Ciudad de México, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, encabezó una conferencia de prensa nacional para presentar los avances y resultados del “Mega Operativo Nuevo Nayarit”, acción coordinada entre autoridades federales y estatales.

Durante el encuentro con medios nacionales, el mandatario, acompañado de Cristina Reséndiz Durruti, fiscal especializada de Control Competencial de la FGR, así como del fiscal estatal, Petronilo Díaz Ponce, destacó que este esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de Nayarit reafirma el compromiso de combatir la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y proteger el patrimonio de las familias nayaritas.

Navarro Quintero explicó que el operativo, iniciado al comienzo de su administración, ha permitido recuperar 9 millones 620 mil metros cuadrados de terrenos vendidos de manera irregular en administraciones anteriores, con un valor estimado de 50 mil millones de pesos. Señaló que se trata del mayor caso de recuperación patrimonial en la historia reciente del país y un ejemplo de colaboración efectiva entre instituciones federales y estatales.

El gobernador informó que los bienes recuperados se integrarán al Fondo Soberano de Nayarit, que financiará obras públicas, infraestructura educativa y caminos, además de fortalecer el sistema de pensiones para las y los trabajadores del estado.

Navarro Quintero reconoció el respaldo del Gobierno de México y de la Fiscalía General de la República, encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, cuya participación institucional ha sido determinante para el desarrollo del operativo.

Al concluir, el gobernador reafirmó la determinación de su administración de continuar con la defensa del patrimonio estatal.
“Nayarit no está en venta. Su territorio y sus riquezas pertenecen a las y los nayaritas, y seguiremos defendiéndolos hasta el último minuto de mi gobierno”, expresó.

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nayarit, llevó a cabo la incineración de 103 kilos 522 gramos 800 miligramos de distintos estupefacientes, relacionados con varias carpetas de investigación, informó la institución en un comunicado.

El procedimiento se realizó en el municipio de Santa María del Oro, donde se destruyeron 69 kilos 619 gramos 300 miligramos de plantas de amapola, 33 kilos 896 gramos 500 miligramos de marihuana, seis gramos 200 miligramos de metanfetamina, 500 miligramos de diacetilmorfina (heroína), 300 miligramos de cocaína y siete unidades de psicotrópicos.

En la supervisión del evento participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría Técnica de la Mesa de Seguridad y Paz, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, además de agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos que garantizaron el cumplimiento de la normativa correspondiente.

La FGR señaló que la destrucción de estos materiales se realiza para mantener transparencia en el manejo y destino de los aseguramientos vinculados a procesos penales en curso.