En lo que seguramente se llevará varias semanas, este lunes inició el juicio oral de la causa 1474/2021 que atañe al líder transportista Carlos “S”, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) acusa de probable relación con los delitos de amenazas graves y secuestro en agravio de un hombre de identidad reservada.
Para dimensionar la disputa legal que se avecina, basta añadir que fueron presentados ante un Tribunal de Enjuiciamiento –integrado por un juez y dos juezas- por lo menos 23 personas que rindieron protesta de conducirse con verdad en el momento que sean llamados. Pero además, hay añadir a la víctima y los peritos que traerá la defensa particular.
Carlos se encuentra recluido en la prisión federal El Rincón y fue enlazado a través de medios electrónicos, observándose su cara a través de una pantalla, mientras el resto de los participantes se ubicaron en la sala 1 del Centro Regional de Justicia Penal en Tepic.
La historia a escudriñarse tiene que ver con 647 metros cuadrados de terreno que se encuentran junto al Puente Quebrado, a un costado de Forum, y que la víctima compró a la familia Corchado luego de que ésta padeció el secuestro de uno de sus integrantes. Se pretende demostrar que el acusado y Édgar Veytia, titular de la Fiscalía y ahora preso en Estados Unidos, el 21 de marzo del 2013 materializaron la privación de la libertad del agraviado, con el apoyo de un mando de la policía que acató órdenes.
Según los alegatos de apertura de la agencia ministerial, la víctima primero fue llevada a la FGE y luego a la sucursal Bancomer de Nayar Abastos, donde Veytia le transfirió 500 mil pesos como pago por el terreno, suma mucho menor de lo que había pagado a Corchado.
El inmueble fue luego escriturado a nombre de una hermana de Carlos “S”, en la notaría pública 36.
Por su parte, la defensa particular aseguró que el día referido su cliente no estaba en el lugar que se ha mencionado.
Si generalmente el inicio de un juicio suele ser lento, por el registro de cuantas personas habrán de participar, el caso del ex diputado local por el PRI tuvo otro ingrediente porque la comunicación fue virtual:
– ¡No se escucha bien! – expresó, de entrada.
Carlos pidió al Tribunal que se le permitiera estar en la sala junto a sus defensores, pero se le explicó que no podría ser excarcelado por decisión del centro penitenciario federal, por razones de seguridad.
Luego de varios recesos para decidir sobre la situación, se consiguió que un técnico en informática estuviera cerca de Carlos para verificar que la comunicación fuera buena, la defensa anunció que sus tres integrantes estarán en la sala del Centro Regional –se les había propuesto que uno fuera con Carlos-, además de que, precisó el juez presidente, en caso de que el acusado necesite tener comunicación privada con sus abogados, se suspenderá la audiencia y todos abandonarán la sala para respetar su derecho a la debida defensa.
En varias ocasiones, el acusado hizo expresiones como las siguientes: “soy un hombre inocente, necesito probarlo y estar con mis abogados (…), soy una persona honorable, lo único que he hecho es ayudar y servir a la sociedad (…), reitero que soy inocente.”
Previo a que los testigos ingresaran a la sala para rendir protesta, uno de los defensores pidió que fuera borrada la imagen de Carlos de la pantalla. La misma fue incorporada unos minutos después, por un técnico.
Programada a las nueve de la mañana, la audiencia de juicio se mantuvo en esa tónica la mayor parte del tiempo.
Puesto que una de las juezas del Tribunal tiene que desahogar una audiencia por separado este martes, se prevé que especialmente a partir del miércoles arranque con mayor tiempo el juicio oral del transportista.
Carlos se encuentra en prisión preventiva de oficio desde su aprehensión en el 2019.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
