Una joven gallega de 24 años, Susana Domínguez, es el primer caso en España de una transgénero arrepentida que demanda a la Sanidad Pública por haberle practicado la operación irreversible de cambio de sexo. Culpa inicialmente al psicólogo que aprobó la cirugía. «¡Parecía que le molestaran mis problemas! Yo era una adolescente con problemas y él mi terapeuta», lamenta en declaraciones al diario español El Mundo.
Tanto el psicólogo como otros profesionales del sistema público de salud pasaron por alto los antecedentes de problemas mentales en la familia de la joven, que comenzó tratamientos hormonales a los quince años y que en realidad sufría rasgos de un trastorno del espectro autista, depresión y transtorno esquizoide. «Ella no era un chico en cuerpo de chica, como le habían dicho cuando solo tenía 15 años», resume el diario, que le dedica también un editorial al tema.
Los profesionales sanitarios del Servicio Gallego de Salud atendieron al autodiagnóstico de la joven, influenciada por foros de internet. «Fui a la primera la primera psiquiatra, la que me remitió al psicólogo, dando por bueno que yo era trans. Ahora, años después, ella sólo dice: ‘Ay, pero si tú estabas muy segura, estabas muy segura’. Yo tenía 15 años. ¿Cómo me dejaron hacer eso? ¿Cómo podía estar segura de lo que quería?».
El caso recuerda al de Keira Bell en el Reino Unido, que fue indemnizada en 2020 y consiguió cambios legislativos y el cierre de la clínica, y se produce en medio de un intenso debate en el país por la conocida como Ley Trans, que reconoce legalmente la identidad de género a través de la identificación. Es decir, se puede cambiar en el registro oficial con una mera declaración.
Expertos de Naciones Unidas elogiaron esta semana la reciente decisión del Parlamento español de aprobar la ley trans y la reforma del aborto y subrayaron que en algunos puntos estas iniciativas son pioneras en Europa y por ello pueden servir de modelo a otros Estados en el avance hacia la igualdad. «Contrariamente a algunas narrativas erróneas, el nuevo sistema garantiza la seguridad jurídica a través de la posibilidad de revisión judicial, colocando adecuadamente la carga de la prueba en la parte recurrente y en el Estado, y no en las personas trans u otras de género diverso», defendieron.
«La gravedad del caso impone una seria reflexión. Atribuir transfobia a quienes alertan de que estos procesos exigen madurez y un apoyo específico profundo y largo solo esconde los perjuicios reales que ya han comprobado países como el Reino Unido y que están empezando a asomar en España», concluye no obstante el editorial de El Mundo.
