Una sentencia del Tribunal Superior Agrario que obliga a una comunidad indígena de Nayarit a restituir 2 mil 622 hectáreas a otra comunidad de Jalisco ha generado una pregunta sobre sus alcances: ¿significa que Nayarit perdió parte de su territorio? La respuesta es que el fallo modifica los derechos sobre tierras comunales, pero no establece un cambio en las fronteras entre ambos estados. La resolución afecta directamente a San Juan Peyotán, del municipio de El Nayar, que deberá entregar esa superficie a la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, ubicada en Mezquitic, Jalisco.
Lo novedoso es que el Tribunal Superior Agrario revirtió una sentencia que desde 2018 favorecía a San Juan Peyotán y mantenía vigente su plano de tierras comunales. El nuevo fallo, emitido el pasado 7 de octubre de 2026 y difundido recientemente, ordena restituir 2 mil 622 hectáreas, equivalentes a 26.22 kilómetros cuadrados, después de casi tres décadas de litigio. La resolución también anula los trabajos de deslinde realizados en 1986 y establece que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) deberá elaborar un nuevo plano que excluya esa superficie de los terrenos reconocidos a la comunidad nayarita.
El cambio judicial se produjo después de que, el 6 de agosto de 2026, un tribunal colegiado concediera un amparo a San Andrés Cohamiata y ordenara revisar el expediente. En el nuevo análisis se identificaron irregularidades en la delimitación de los terrenos, particularmente modificaciones a los linderos que no respetaron los planos originales. También se consideraron antecedentes históricos de posesión que se remontan a 1809 para San Andrés Cohamiata y a 1960 para San Juan Peyotán, lo que favoreció el reconocimiento de los derechos de la comunidad wixárika.
Sin embargo, la restitución de terrenos comunales no equivale jurídicamente a modificar los límites entre Nayarit y Jalisco, según expertos. El artículo 46 de la Constitución establece procedimientos distintos para resolver controversias territoriales entre entidades federativas, mediante acuerdos aprobados por el Senado o resoluciones de la Suprema Corte. En este caso se trata de un conflicto agrario entre comunidades indígenas y, aunque existe una orden de restitución, todavía no se ha confirmado que las tierras hayan sido entregadas físicamente ni cuántas familias de San Juan Peyotán podrían resultar afectadas por su ejecución.
Con información de agencias
