El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios, a quienes señala por presunta participación en una red vinculada al tráfico de drogas hacia ese país, de acuerdo con un documento del Department of Justice.
La acusación, desclasificada en una corte federal de Nueva York, incluye cargos por conspiración para introducir narcóticos como fentanilo, metanfetamina y cocaína a territorio estadounidense, así como delitos relacionados con armas. Según el expediente, los señalados habrían facilitado operaciones de una organización criminal desde distintos niveles de la estructura gubernamental.
Entre los mencionados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; además de exfuncionarios de áreas como finanzas, seguridad y procuración de justicia, así como mandos policiales.
En respuesta, el mandatario estatal rechazó las acusaciones y las calificó como “calumnia” que “carecen de veracidad y fundamento alguno”, en un mensaje difundido en sus redes sociales el 29 de abril. Afirmó que demostrará “con contundencia” la falta de sustento de los señalamientos y sostuvo que se trata de un “ataque” al movimiento político al que pertenece. También enmarcó el caso como un intento de vulnerar la soberanía nacional y el orden constitucional, al tiempo que dirigió un mensaje a la población sinaloense para defender la actuación de su administración.
En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la legislación mexicana.
La dependencia señaló que, tras una revisión jurídica inicial, los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos “no cuentan con elementos de prueba” suficientes para determinar la responsabilidad de las personas señaladas. No obstante, precisó que será la Fiscalía quien evalúe si existen condiciones legales para proceder con solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
La Secretaría también indicó que los tratados vigentes contemplan la confidencialidad de este tipo de procesos, por lo que enviará un extrañamiento a la Embajada estadounidense por la forma en que la información fue difundida.
Hasta el momento no se han reportado detenciones ni existe una resolución judicial, por lo que los señalamientos forman parte de un proceso en curso que deberá avanzar en instancias legales en Estados Unidos.
