Antes de convertirse en memoria religiosa, la Cristiada dejó en Nayarit sacerdotes desterrados, campesinos armados y familias desplazadas; una guerra que atravesó pueblos, dividió comunidades y alteró la vida entre la sierra y la costa.
En 1926, el conflicto entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y la Iglesia alcanzó al joven estado nayarita. Se clausuraron escuelas católicas y el seminario, y se redujo el número de sacerdotes registrados. Los obispos respondieron con la suspensión del culto; después llegaron los levantamientos campesinos bajo la consigna de «¡Viva Cristo Rey!».
La persecución tuvo un episodio concreto en Tepic: el 23 de abril de 1927, el obispo Manuel Azpeitia y Palomar y gran parte de sus sacerdotes fueron obligados a abandonar la diócesis. La historia diocesana registra la permanencia de Alejo Enríquez, Francisco Centeno, Trinidad Hinojosa y Anastasio Hurtado; este último también sería descubierto y deportado a Estados Unidos.
Mientras la capital enfrentaba la salida de sus religiosos, la rebelión se extendía por distintos corredores. Compostela, Ahuacatlán e Ixtlán del Río quedaron vinculados con los levantamientos de Jalisco; Acaponeta se conectó con el sur de Sinaloa y las serranías de Durango y Zacatecas. Entre los dirigentes regionales aparecen Jesús Rodríguez, Chano Flores y José Zavala.
En el norte destacó Porfirio Mayorquín, originario de Acaponeta y conocido como «El Pillaco», cuyo nombre terminó identificando al movimiento regional como la pillaquiada. Sus recorridos enlazaban la sierra de Durango, Huajicori y Acaponeta; la investigación de Efraín Rangel Guzmán también registra un enfrentamiento con fuerzas federales en El Huizache, sobre el camino entre estos dos municipios nayaritas.
La sierra vivió su propia fractura. A finales de 1927, Mariano Mejía, dirigente de la Cora Alta, se incorporó a las fuerzas cristeras de Pedro Quintanar, mientras Eutimio Domínguez y las defensas de la Cora Baja permanecieron con el gobierno. El historiador Nathaniel Morris documenta que, en febrero de 1928, fuerzas de la Cora Baja quemaron rancherías y sustrajeron ganado en la región rival.
Durante 1928, la guerra también obligó a salir de sus hogares a habitantes de las montañas. El gobierno aplicó reconcentraciones para cortar el abastecimiento de los rebeldes; familias fueron trasladadas hacia las planicies de Huajicori, Acaponeta, Tecuala, Rosamorada y Ruiz. Esos desplazamientos modificaron el poblamiento regional: algunas personas regresaron después y otras establecieron una nueva vida en las tierras bajas.
Uno de los episodios de la lucha ocurrió en Pochotitán, durante el avance de Mejía hacia Tepic. Después de ser derrotado y enfrentar dificultades para obtener respaldo del mando cristero, se acogió a una amnistía en marzo de 1928. Según la investigación de Morris, fue enviado a las Islas Marías y sus hombres se incorporaron como auxiliares del Ejército federal.
La salida nacional llegó en junio de 1929, mediante negociaciones entre el gobierno del presidente Emilio Portes Gil y representantes de la Iglesia, con intervención del Vaticano y la mediación del embajador estadounidense Dwight Morrow. Los acuerdos permitieron reanudar el culto público y abrieron paso a la desmovilización cristera; el gobierno mantuvo las leyes, pero aceptó una aplicación más tolerante en materia religiosa.
Para la Iglesia, el resultado significó recuperar el ejercicio público del culto después de tres años de suspensión, aunque las restricciones legales y las tensiones no desaparecieron. El conflicto terminó mediante un entendimiento político y religioso, sin una victoria militar definitiva; en Nayarit, el regreso a las celebraciones encontró comunidades marcadas por los enfrentamientos, los desplazamientos y las divisiones que había dejado la guerra.





