El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una revisión a fondo de sus procesos administrativos y de contratación luego de los señalamientos surgidos durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.
Como parte de esta nueva etapa, el Consejo General del organismo electoral acordó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización para revisar la adquisición de servicios y otros procesos relacionados con el funcionamiento del Instituto.
La medida ocurre después de la salida de Taddei de la presidencia del INE y en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos y posibles conflictos de interés. La presidencia provisional del organismo está a cargo de Blanca Yassahara Cruz García.
De acuerdo con la ruta de acción planteada por las consejerías, también se contempla realizar auditorías externas a todos los contratos vigentes. En caso de que estas revisiones detecten irregularidades y se acrediten los supuestos legales correspondientes, el INE podría iniciar procedimientos para rescindir contratos.
La estrategia busca, de acuerdo con el propio organismo, fortalecer los controles administrativos y recuperar la confianza en los procesos internos del árbitro electoral.
Además, se plantea solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre posibles hallazgos relacionados con empresas proveedoras del INE y realizar verificaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La revisión también contempla analizar la estructura administrativa de las empresas proveedoras, así como sus socios y accionistas, con el objetivo de identificar posibles vínculos que pudieran representar riesgos para la transparencia de las contrataciones.
