La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó una cuenta relacionada con Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de una medida que también alcanzó a otras 39 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales.
De acuerdo con información difundida por El Universal, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras que, de acuerdo con la dependencia, presentan elementos de riesgo.
Entre las cuentas alcanzadas por esta medida se encuentra una relacionada con Taddei, quien dejó la presidencia del INE en medio de cuestionamientos sobre contrataciones realizadas durante su administración.
El bloqueo de las cuentas se produce mientras distintas autoridades mantienen abiertas investigaciones relacionadas con proveedores del organismo electoral y posibles irregularidades en procesos de contratación.
El caso también involucra a empresas y empresarios que han obtenido contratos para proporcionar materiales electorales. De manera paralela, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación ante indicios de posibles irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos públicos.
La investigación ha puesto especial atención en compañías relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien ha sido mencionado en los cuestionamientos sobre contratos otorgados por el INE y otros organismos electorales.
El antecedente resulta relevante porque la UIF ya había incluido anteriormente a algunas empresas y personas relacionadas con este grupo empresarial en la Lista de Personas Bloqueadas. Las medidas financieras, sin embargo, han sido objeto de litigios y algunos afectados han obtenido resoluciones judiciales favorables.
El nuevo bloqueo coloca ahora a Guadalupe Taddei directamente en el centro de la investigación financiera, aunque jurídicamente la inclusión en una lista de bloqueo no equivale por sí misma a una sentencia ni acredita automáticamente la comisión de un delito.
La UIF utiliza este mecanismo como una medida administrativa y preventiva dentro de investigaciones sobre posibles operaciones financieras ilícitas. La determinación de eventuales responsabilidades corresponderá a las autoridades competentes conforme avancen las investigaciones.
El caso se suma a las revisiones que ya realizan otras instancias sobre la administración del INE durante el periodo encabezado por Taddei, en un momento particularmente sensible para el organismo electoral ante la proximidad de las elecciones de 2027.
