El Gobierno federal investiga presuntos casos de desvío de medicamentos de hospitales y centros de salud públicos hacia el mercado negro, una práctica que podría provocar que tratamientos destinados a los pacientes terminen comercializándose de manera ilegal, pese a que deben proporcionarse gratuitamente.
Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, Eduardo Clark García, subsecretario de Salud federal, reconoció que existen casos documentados y otros que requieren investigaciones más detalladas para determinar cómo se sustraen los medicamentos de las instituciones públicas y llegan a manos de vendedores.
El funcionario aclaró que estas situaciones no deben utilizarse para responsabilizar de manera generalizada al personal médico, de enfermería o a los trabajadores del sector salud por el desabasto de medicamentos.
Sin embargo, advirtió que se han identificado situaciones en las que fármacos destinados a los hospitales y centros de salud presuntamente son desviados para su venta, incluso en las inmediaciones de las propias instalaciones médicas.
Clark García calificó como especialmente doloroso que un paciente no encuentre el medicamento que necesita para su tratamiento y posteriormente pueda recibir la oferta de comprarlo afuera del hospital, cuando originalmente debía ser proporcionado sin costo por el Estado mexicano.
Ante esta problemática, el Gobierno federal ha comenzado a impulsar medidas para reforzar el control de los medicamentos públicos. Entre ellas se encuentra hacer más visible en los empaques la leyenda que identifica a los fármacos como gratuitos y de uso exclusivo del sector salud.
Además, se trabaja en la transformación digital del sistema sanitario para mejorar la trazabilidad de los medicamentos, conocer su procedencia, identificar los lotes y dar seguimiento a su distribución, particularmente en el caso de los tratamientos de alto costo.
Las investigaciones deberán determinar las circunstancias de cada caso y las posibles responsabilidades, mientras las autoridades buscan evitar que los medicamentos destinados a garantizar el derecho a la salud terminen convertidos en mercancía dentro del comercio ilegal.
