La investigación que se sigue al ex gobernador Ney González Sánchez (2005-2011) y que en noviembre del 2022 motivó las primeras dos órdenes de aprehensión, inició tiempo antes de que se anunciara el mayúsculo operativo por la apropiación de inmuebles desde el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) para sí y a través de prestanombres, y la misma incluye a su esposa María del Rosario Mejía González -“Charo”- y a sus hijos Rosario del Carmen Montserrat y Ney Manuel.

Si el origen de los cuestionados recursos parten de Ney, la Fiscalía General del Estado (FGE) indaga si su familia habría incurrido en delitos como enriquecimiento ilícito y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de las maniobras del ex gobernador.

Aunque Charo y sus hijos son considerados imputados en la carpeta de investigación  NAY/TEP/III/RH/1596/2022, la Fiscalía habría decidido, por el momento, no solicitar órdenes de aprehensión.

De hecho, en este espacio ha sido informado de varios amparos que han sobreseído porque jueces y funcionarios de Fiscalía han negado contar con órdenes de captura contra la familia del ex gobernador.

Esta semana se ha conocido que un Juzgado de Distrito negó el amparo a la hija de Ney respecto a una orden de cateo y aseguramiento e inmovilización catastral y registral de un inmueble, efectuado el uno de diciembre pasado, y que presumiblemente corresponde al Colegio Inglés.

Contrario al reclamo de que el acto que generó el operativo no estuvo fundado y motivado, la resolución federal asentó que “no se advierte ningún aspecto de ilegalidad en que se haya incurrido en su verificación, en razón de que se llevó a cabo en los términos y condiciones que le fueron indicados por el juez responsable.”

En otra parte del fallo, se justifica el aseguramiento para que “no sean vendidos o dañados en su parcialidad o totalidad, ya que existen indicios suficientes que establecen que los inmuebles representan el producto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y lo que resulte”.

La abogada, que recibió el inmueble como una donación de su papá en mayo del 2010 cuando aún era gobernador, señaló que la carpeta –que integra la  Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, Económico y Social de la FGE- no está instaurada en su contra, aspecto que no es así, según la documentación anexada.

Sobre ello, se precisa en la sentencia:

“En ese sentido, en el caso, se estima que el inmueble propiedad de la quejosa podría constituir producto del delito de enriquecimiento ilícito. Lo anterior, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables (…), se advierten diversas irregularidades derivadas de la donación realizada por su padre del inmueble hoy asegurado.

“Ello en virtud de que hasta la fecha se tienen identificados una serie de bienes muebles e inmuebles propiedad de la quejosa y otros, que de manera indiciaria no empatan con los ingresos percibidos de sus labores ordinarias, es decir, el monto del patrimonio es mayor a todos aquellos ingresos percibidos; además, se tiene registro que los investigados han realizado operaciones consideradas como actividades vulnerables, de ahí que se encuentre justificado el acto de molestia que por esta vía combate.”

Y se sigue explicando:

“Asimismo, en cuanto a la manifestación de que la carpeta de investigación no está instaurada en su contra, debe decirse que contrario a ello, en la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, la representación social solicitó al juez de Control la orden de cateo, aseguramiento de inmuebles, inmovilización registral y catastral, e indicó que (…) sí representan instrumento de delito, y dichos bienes inmuebles tienen relación directa con los hechos, específicamente con los imputados (…)”

La información ministerial fue proporcionada al Juzgado de Distrito a partir de la demanda de amparo a finales de diciembre del 2022, cuando sobre Ney pesaban dos órdenes de aprehensión: una por su probable relación con delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, y falsificación de documentos en general, y la otra por ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, peculado, y administración fraudulenta.

El aseguramiento autorizado por un juez de Control sería por ocho meses.

Es tal la cantidad de información recabada, que incluso se solicitó al Instituto Estatal Electoral el expediente sobre Ney del 2005 cuando fue candidato al Gobierno del Estado, teniendo entonces como principal contendiente a Miguel Ángel Navarro Quintero, ahora titular del Poder Ejecutivo.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com