Tepic.- Este lunes dos de octubre inició un juicio por un delito de secuestro ocurrido a finales del 2016 en el norte del Estado, cuya singularidad es que los delincuentes se equivocaron: privaron de la libertad al empleado de un comerciante, por lo que ante el error concedieron un descuento significativo: de 500 mil pesos originalmente exigidos, la suma disminuyó a 50 mil; es decir, una rebaja del 90 por ciento.

La víctima, un hombre de algunos 50 años, explicó en una sala de juicios orales que en diciembre del 2016, encontrándose en una bodega del comercio ingresaron dos sujetos y uno de ellos, pistola en mano, efectuó un disparo pero sin herirlo. Se lo llevaron en una camioneta del mismo negocio. Rato después fue atado a un árbol y se le cubrió la cara con algún trapo. Para entonces ya sabían que se habían equivocado.

Al día siguiente, desde su propio celular, se hizo una llamada a su patrona e incluso se dejó el altavoz: le exigían 500 mil pesos pero ella respondió que no tenía el dinero.

El agraviado, que el lunes identificó al ahora detenido como el mismo que disparó aquel día, recordó haber pedido que si lo mataban al menos avisaran dónde quedaría su cuerpo.

Una segunda llamada fue más emotiva porque se permitió que la señora y su trabajador intercambiaran palabras: “¡no tengo el dinero!”, le habría dicho ella, a lo que él contestó que sabía que, efectivamente, no eran de sobrados recursos.

Finalmente, en una tercera llamada el monto disminuyó considerablemente: lo liberarían a cambio de 50 mil pesos, pero se exigió “que no llevaran gobierno, que no avisaran a la policía”. Durante el cautiverio le daban agua y sólo el último día consumió un jugo y unas papas. Allá en el monte, que describió arenoso, los dos sujetos que lo vigilaban hacían fogatas.

Días después del secuestro arribó un tercer individuo a bordo de una motocicleta. Algo hablaron entre ellos. El secuestrado fue introducido a la camioneta de sus patrones. Aún estaba atado. Pusieron los seguros de las puertas y subieron los vidrios. Lo abandonaron. Más tarde consiguió desatarse y además temía morir por falta de aire. Era la mañana de un sábado.

Los delincuentes habían dejado las llaves de la camioneta y consiguió manejarla hasta una pequeña población. Entonces supo que estaba en el municipio de Tecuala. Un muchacho le facilitó su celular para que hiciera una llamada y rato después fue encontrado por policías que lo buscaban.

Para ese momento, policías estatales ya habían detenido al ahora imputado, un individuo de algunos 40 años que al iniciar el juicio aceptó rendir declaración judicial.

Negó cualquier relación con el plagio, diciendo que acababa de llegar del estado de Sonora, donde vive, para visitar a su mamá en un pueblo de la zona norte, y consiguió un raite que lo dejaría en un lugar donde, coincidentemente, se hizo la entrega del dinero.

“Yo no soy la persona que están buscando, yo no secuestré a nadie”.

El imputado se encuentra recluido en la penal de Tepic en que, dijo, fue golpeado durante los hechos violentos que se han suscitado recientemente.

Cabe indicar que la declaración judicial del individuo fue antes a la del agraviado, por lo que éste pudo verlo y escucharlo a escasos tres metros de distancia.

Luego, el imputado y la defensa pública solicitaron que éste presenciara la audiencia desde otra sala, a través de una pantalla. La petición fue aceptada. Una defensora se fue con él, lo mismo que un policía estatal.

La víctima identificó plenamente al imputado como el sujeto que el pasado diciembre disparó con una pistola cuando fue privado de la libertad, y que después le puso un pie encima cuando era trasladado en una camioneta mientras un cómplice manejaba.

Para este caso, el Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por los jueces César Octavio García Torres, Sandra Sánchez Covarruibas y Antonio Enríquez Soto.

El juicio continuará durante la semana puesto que serán desahogadas numerosas declaraciones de testigos, peritos, policías.

La audiencia del lunes fue interrumpida en dos ocasiones, primero por un problema técnico en los micrófonos de la sala, además de que, en una ocasión, el imputado solicitó ir al baño.

La Fiscalía General del Estado podría solicitar una pena de al menos 50 años de prisión.

* Esta información es publicada con autorización de su autor.
Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com