Tepic.- El gobernador Antonio Echevarría García anunció este miércoles que el terreno donde estuvo construido el estadio de béisbol, conocido como “Parque de la Dignidad”, no será vendido para pagar un adeudo millonario del gobierno estatal a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Sin mencionar por sus nombres a los ex gobernadores Ney González Sánchez, por cuya “soberbia e irresponsabilidad” se demolió el estadio (…), “hay que tener memoria”, y a Roberto Sandoval Castañeda, quien a partir de julio del 2013 pretendió la venta del inmueble, Echevarría indicó, en el citado Parque, que se buscará una “forma responsable” para cubrir la deuda con la casa universitaria, por lo que instruyó al área jurídica para que se desista del respectivo juicio. El terreno seguirá siendo un bien público.

Sin embargo, hay un aspecto que al titular del Poder Ejecutivo le faltó añadir: el compromiso de que se investigará al ex gobernador Ney González y a otros funcionarios de esa administración por el desvío del subsidio a favor de la UAN, lo que provocó, precisamente, que se pretendiera vender el terreno.

Aquí cabría reconocer a los ciudadanos que interpusieron un amparo y, con base en una suspensión otorgada por un Juzgado de Distrito, detuvieron la venta más de cuatro años.

Precisamente a raíz del número de amparo 797/2013 del Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo, el 23 de agosto del 2013 el entonces rector de la UAN Juan López Salazar compareció a juicio, detallando a la justicia federal que el 10 de enero del 2011 fue firmado el Convenio de Subsidio de ese año, correspondiendo al Gobierno del Estado una aportación mensual de 11 millones 500 mil pesos, a lo que precisó, según pudo verificar este reportero:

“…por lo que habiéndose omitido transferir los recursos correspondientes a enero-septiembre de 2011, generó un saldo de ese Ejercicio Fiscal 2011 a cargo del Gobierno del Estado por un total de $103´500,000.00…”.

El documento firmado por López Salazar señala que  el 27 de abril del 2012, ya en el gobierno de Sandoval Castañeda, la UAN recibió un abono por siete millones 220 mil 250 pesos, y el 29 de abril del 2013, otro abono por 25 millones, para quedar algo más de 71 millones como saldo pendiente.

En uno de los párrafos, explicó al juzgado federal:

“Cabe aclarar que, si bien es cierto que en la cuenta pública de la Universidad se refleja como recibido el subsidio, esto deriva de que los adeudos del Gobierno del Estado por este concepto, se alojaron en la cuenta contable de Deudores Diversos, en virtud de que los recibos de ingreso de la Universidad ya habían sido remitidos para su pago a Gobierno del Estado, sin que estos hubiesen sido cubiertos”.

El referido Convenio de Subsidio fue firmado, en representación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por Rodolfo Tuirán Gutiérrez y Sonia Reynaga Obregón, entonces subsecretario de Educación Superior, y directora General de Educación Superior Universitaria, respectivamente.

Por el Gobierno del Estado firmaron Ney González, Angélica Patricia Sánchez Medina, Felipe Prado Hopfner y Florencio Román Messina, gobernador, secretaria General de Gobierno, secretario de Planeación, y secretario de Administración, respectivamente.

Igualmente firmó el rector Juan López Salazar.

Otra situación que confirma lo anterior son dos cartas abiertas a través de las cuales, líderes universitarios hicieron referencia al mencionado adeudo.

A mediados de diciembre del 2011, la Comisión Permanente de Responsabilidades del Consejo General Universitario, integrada por el entonces rector Juan López Salazar, el secretario Cecilio Flores Soto, así como los vocales Porfirio López Lugo –como líder del Sindicato de Personal Académico (SPAUAN)-, Luis Manuel Hernández Escobedo -Sindicato de Empleados y Trabajadores (SETUAN), y Ángel Aldrete Lamas –Federación de Estudiantes (FEUAN), publicaron una carta abierta para precisar que entre noviembre del 2010 y septiembre del 2011 el Gobierno del Estado había sido omiso en la entrega del subsidio.

Y luego, en el verano del 2013, con la iniciativa del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda de vender el terreno, la Universidad publicó otra carta abierta en la que precisó: en noviembre y diciembre del 2010 el gobierno estatal faltó a la entrega de 22 millones 779 mil 750 pesos, mientras que de enero a septiembre del 2011el faltante fue de 103 millones 500 mil pesos, haciendo un total de 126 millones 279 mil 750 pesos.

Ese desvío millonario, correspondiente al subsidio, es lo que está obligado a investigar el gobierno de Echevarría: ¿en manos de quién quedó el dinero?.

ANUNCIA “NAYARIT SEGURO”

Echevarría se trasladó al Parque de la Dignidad luego de citar estrategias del programa Nayarit Seguro.

Habló de que en Nayarit se tuvo “una paz falsa” y que para lograr “la paz que nos merecemos” se necesita la participación de todos, “porque solos no lo vamos a poder hacer” (…), “ninguna fuerza es más grande y más fuerte que la del Estado”, volvió a repetir.

El gobernador habló de la importancia de la  honestidad y, refiriéndose a los integrantes de su gabinete, les pidió trabajar sin simulación.

También solicitó transparentar la justicia, a terminar con “acciones que corrompen la impartición de justicia. No se puede ser juez y parte”.

Al Congreso del Estado le pidió apoyo para tener un mejor marco jurídico y de presupuesto.

Nayarit Seguro “no es una ocurrencia”, indicó.

Pero si el anuncio del programa fue antes de las 11 de la mañana, bastaron unas horas para que, al mediodía, un hombre fuera ejecutado a la altura del poblado El Aguacate, por la carretera que conduce a Jalcocotán.

Y más tarde, al oscurecer, otro hombre murió acribillado en la colonia 2 de Agosto.

• Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com