Tepic.- La aprehensión del vigilante de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) José Ernesto Robles Delgado, como probable responsable de los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y enriquecimiento ilícito por 323 millones de pesos, muestra que la Fiscalía General del Estado (FGE) amplió el número de personajes relacionados con esta trama, puesto que inicialmente sólo se había solicitado la orden de captura contra el ex rector Juan López Salazar.
El sábado dos, al ser presentado a una primera audiencia para escuchar la formulación de imputación de la FGE, la agencia ministerial reveló un tercer nombre que también tendría orden de aprehensión: Milton Arturo Romero González, pariente político de José Ernesto y compadre de López Salazar.
Asesorado por un defensor público, Robles Delgado se reservó el derecho de emitir declaración.
Con la detención, el viernes uno, es evidente que hubo un cambio en la investigación puesto que, según fue conocido por este reportero a principios de año, José Ernesto, el también vigilante Miguel Ángel Perales Covarrubias –a quien se le habrían depositado unos 10 millones de pesos-, así como la ex secretaria de Finanzas de la UAN Marcela Luna López y otros empleados administrativos, habrían declarado como testigos en la consignación inicial, contra el ex rector. Es decir, esto ya tiene un espacio más amplio.
El escándalo detonó en noviembre del 2016 cuando el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) reveló el resultado de la auditoría a la UAN del ejercicio 2015; si bien pareciera que se trató de desvíos de cientos de millones de pesos, en realidad, se confirmó después, se trató de préstamos que aceptó el ex rector para enfrentar la crisis de la UAN, pero dinero de particulares a través de Milton Arturo Romero, y que después era pagado con intereses mediante depósitos millonarios a los dos vigilantes y que a su vez transferían a otras cuentas bancarias.
Según ha trascendido, la diferencia real sería de algo más de 12 millones de pesos.
Sin embargo, aquí lo que debe resaltarse es la diferencia en la conducción de la investigación ministerial puesto que en la época del fiscal Édgar Veytia, sólo se apuntó a López Salazar, quien continúa prófugo y su amparo en revisión aún no lo resuelve un Tribunal Colegiado, después de que un Juzgado de Distrito le negó la protección de la Justicia Federal.
El sábado se decretó contra José Ernesto la prisión preventiva como medida cautelar; es decir, permanecerá detenido durante el tiempo que dure el juicio.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
