Tepic.- Este miércoles, el juez de control José Ricardo Rodríguez Valdés dictó auto de vinculación a proceso en contra del vigilante de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), José Ernesto Robles Delgado, como probable responsable de los delitos de peculado con la característica de “auxiliador”, ejercicio indebido de funciones, y enriquecimiento ilícito por un monto de 323 millones 452 mil 952 pesos, en agravio de la casa universitaria.

De igual forma, el juez concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, propuesto por la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y aceptado por la defensa particular.

La audiencia, dentro del expediente 1554/2017, inició con la referencia del defensor sobre la casa de interés social donde vive el imputado, copias de sus talones de pago y de la factura de su automóvil Ford tipo Fiesta modelo 2005 en que se transporta; es decir, datos con los que intentó acreditar que para nada se ha enriquecido y, por el contrario, vive modestamente con su sueldo como vigilante de la UAN.

Más adelante, el defensor señaló que el imputado no dispuso del dinero que le era depositado y que, en todo caso, se vio involucrado en esos hechos por la necesidad para tener trabajo. Fue basificado en el 2015 y su número de plaza es 35120.

ABREN CARPETA

En la etapa de vinculación a proceso, la agencia ministerial hizo alusión a numerosos datos de prueba que hacen presumir que la investigación iniciada en noviembre del 2016, tras la auditoría del entonces Órgano de Fiscalización Superior (OFS), la Fiscalía,  encabezada por Édgar Veytia en el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, prácticamente centró toda la culpa en el ex rector Juan López Salazar, actualmente prófugo.

Por el contrario, en los meses recientes, ya en el gobierno de Antonio Echevarría García, la indagatoria se amplió.

Es el caso que aún no se establece el destino que tuvieron los más de 323 millones de pesos que fueron depositados en una cuenta de Robles Delgado, en el banco Santander, en diversos montos  y en 18 transferencias del 2015.

Ése aspecto aún no es explorado: el posible papel cómplice que pudieron haber jugado empleados de distintos bancos para que las fuertes cantidades fueran movidas con facilidad.

La agencia ministerial reveló que el 24 de noviembre del 2016 –unos días después de que el OFS reveló el probable desvío-, el mismo José Ernesto emitió declaración –se deduce que en calidad de testigo, para procederse contra el ex rector-, en la que narró que, trabajando un día en la UAN, un individuo al que no identificó por su nombre le comentó que López Salazar quería platicar con él y, al encontrarlo en su oficina, le pidió la apertura de una cuenta para realizar las millonarias transferencias.

Como es del dominio público, tales depósitos habrían sido en pago por aparentes préstamos de particulares que aceptó el ex rector para enfrentar la crisis de la UAN; es decir, José Ernesto sólo habría sido utilizado como puente de pago.

Un aspecto mencionado por el defensor particular, es que en la carpeta de investigación se indica que la diferencia entre los préstamos y los pagos sería de algo más de 13 millones 400 mil pesos, pero para nada los 323 millones de pesos referidos; es decir, la investigación únicamente toma en cuenta los montos que salieron de la UAN, no lo que ingresó.

Otro dato revelado por la Fiscalía es el papel que tuvieron, por ejemplo, la entonces secretaria de Finanzas de la UAN, Marcela Luna López, y Claudia Esthela Santana Ibarra, directora de Finanzas, u otros empleados menores de esa área.

Según fue narrado, ambas descargaron en Juan López Salazar toda la culpa, justificando que no tenían autonomía técnica ni operativa de sus funciones y que, en cambio, se sujetaban a cumplir indicaciones del ex rector. Incluso, en el caso de Santana Ibarra llegó a narrar que acató órdenes que López Salazar le daba por teléfono o a través de mensaje de texto, en que le indicaba el nombre del beneficiario y montos a depositar.

De igual forma se explicó que, según Marcela Luna, las cuentas de la UAN contaban con firmas mancomunadas del ex rector, Claudia Esthela, del director de Recursos Humanos Ignacio Maldonado, y ella. De Maldonado no se mencionó declaración ministerial.

DEBATEN DELITOS

La defensa de José Ernesto cuestionó cómo podrían achacársele los mencionados delitos si se trata de un vigilante al que le depositaban dinero, pero no era él quien maniobraba para que ello ocurriera y, además, no se enriqueció de forma alguna puesto que los depósitos posteriormente eran retirados. Incluso, señaló que como vigilante no podría ser considerado un servidor público.

Para entonces, la agencia ministerial ya había insistido en la vinculación a proceso. Hubo un momento en que advirtió al juez que la defensa pretendía debatir sobre aspectos no mencionados en la audiencia, añadiendo que podría darse pie a notificar al agente del Ministerio Público Federal por probables hechos de lavado de dinero.

Agotado el debate, el juez anunció un receso antes de emitir resolución. Al final, los delitos quedaron tal cual: ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito, y peculado con la característica de “auxiliador”.

La agencia ministerial anunció que en el plazo de investigación complementaria deberá establecerse el destino que tuvo el dinero después de los depósitos a Robles Delgado.

Como ya fue citado, otro aspecto no profundizado es el papel que tuvieron funcionarios bancarios.

Y es que, con lo divulgado este miércoles seis, quedó claro que inicialmente se pretendió culpar de todo al ex rector Juan López Salazar.

De camiseta gris y pantalón de mezclilla, de algunos 40 años, José Ernesto se limitó a permanecer en silencio durante el desarrollo de la audiencia; continuará en prisión preventiva, recluido en la penal de Tepic mientras transcurre el proceso.

ROY EN LA MIRA

Si el año pasado Roy Rubio Salazar divulgó estos hechos en la UAN, en su calidad de titular del OFS –ahora Auditoría Superior del Estado de Nayarit-, irónicamente este miércoles se anunció que el mismo Roy ha sido denunciado por probables desvíos de unos 12 millones de pesos, utilizando diversos prestanombres para dividir el dinero.

Además de Rubio, fue denunciado su coordinador administrativo Ernesto Alonso Rosales, como probables responsables de peculado y ejercicio indebido de funciones.

Aparentemente desviaron sumas millonarias a personas que no laboraban en la institución.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com