Tepic.- Roberto Sandoval Castañeda y Ney González Sánchez se pelearon y ese pleito generó que en la parte inicial del gobierno del primero de ellos, se iniciaran investigaciones contra la corrupción del segundo.
Sin embargo, aunque brotaron evidencias de millonarios desvíos de recursos públicos de ex funcionarios, con el paso del tiempo la indagatoria fue frenada, de plano encubriendo a Ney González, al ex secretario de Administración Florencio Román Messina y a otros personajes.
Pero esa riña política de Roberto contra Ney no fue sellada del todo y se dejó viva una denuncia que en su momento presentó Roy Rubio Salazar cuando era secretario de la Contraloría estatal. Es el mismo Roy al que Sandoval impuso como titular de la ahora Auditoría Superior del Estado y que protagoniza una batalla legal contra el Congreso del Estado para mantenerse en el cargo, aunque ha sido suspendido del mismo.
Armada la investigación, el ex fiscal Édgar Veytia y Roberto Sandoval detuvieron la consignación, pero se le dejó latente, jamás se decretó el no ejercicio de la acción penal, por lo que pronto llamó la atención de la Fiscalía General del Estado (FGE) del gobierno entrante de Antonio Echevarría García.
Así, esos tomos que ahora forman el expediente 53/2017 del Juzgado Primero Penal en el sistema tradicional –no en juicio oral-, representan aire puro para cuadrar lo que Echevarría insistió en campaña: que los corruptos irían a la cárcel.
Con ese antecedente, la mañana de este miércoles 13 se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Jesús Francisco Domínguez Hernández, quien fuera director General de Administración bajo las órdenes de Florencio Román y, por supuesto, de Ney González.
Domínguez Hernández no la tiene sencilla: es probable responsable de los delitos de peculado, falsificación de documentos, y ejercicio indebido de funciones, por un monto de 89 millones 473 mil 448.57 pesos, en agravio de la Secretaría de Administración y Finanzas, Gobierno del Estado y la sociedad.
La detención de Jesús Francisco muestra un asterisco: a estas alturas es de sobra conocido que no es el único involucrado en la acusación, por lo que debió efectuarse un operativo más amplio que, al mismo tiempo, hubiera llevado a la aprehensión de varios. Al no hacerse, fue como si a los demás se les hubiera advertido que tienen dos caminos: huir o presentar un amparo.
Tan pronto se ejecutó la aprehensión, Jesús Francisco fue recluido en la penal de Tepic; oficialmente quedó a disposición del Juzgado Penal a las 11:10 de la mañana y minutos antes de las dos de la tarde se le tomó la declaración preparatoria, aunque se reservó el derecho para hacerlo por escrito. Designó a un abogado particular.
Cruzados los brazos pero con una inclinación del cuerpo hacia adelante, colocados los codos en un pretil de concreto, el detenido asomaba la cabeza por un espacio del enrejado, siempre llevando puestos unos lentes. Entre sus datos personales manifestó contar con 50 años de edad, estudió la carrera de contador público y actualmente cursa un doctorado en gerencia pública y política social.
Añadió que en el presente trabaja en el IPROVINAY, el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit, lo que lo hace un funcionario estatal de la administración de Echevarría.
Dijo que es la primera ocasión que está a disposición de una autoridad judicial.
Si bien Domínguez Hernández tenía la indicación de guardar silencio sobre los cargos, cuando un secretario de acuerdos le explicó que quien presentó denuncia en su contra fue Roy Rubio Salazar, indicó: -Roy- “es una persona honorable”, pero en un tono de ironía y coraje.
Una vez que Domínguez respondió que se reservaría su declaración preparatoria, el secretario de acuerdos le explicó que tiene derecho a la libertad bajo caución, siempre y cuando cumpla con la exhibición de 30 mil pesos por concepto de fianza, 26 mil 508 pesos por posible multa, así como 89 millones 473 mil 448.57 pesos de garantía por posible reparación del daño.
Es decir, esos más de 89 millones son los que se achacan que desviaron Domínguez y otros funcionarios de la época de Ney González, especialmente en la parte final de ese gobierno, recurriendo a la falsificación de facturas de empresas ubicadas en otros estados del país, citando servicios de supuestos proveedores del gobierno estatal pero sin que fueran reales, entre otras formas ilícitas.
Domínguez Hernández es pieza clave en esta trama: a nombre de él, y no de los supuestos proveedores, salieron cheques por montones y que, para disimular, eran endosados a trabajadores sindicalizados de Palacio de Gobierno para que fueran cobrados en bancos.
Varios trabajadores contaron a autoridades ministeriales que, efectivamente, regresaban a Palacio cargando millones que después llegaban a manos de Domínguez y luego, se deduce, seguían otro camino: Florencio y Ney. Resulta imposible creer que esta presunta trama de mayúscula corrupción hubiera ocurrido sin que el entonces gobernador y su secretario de Administración no estuvieran enterados.
Sin embargo, el operativo, quedó a deber. Se aprehendió a uno, pero al mismo tiempo se alertó a los demás.
La pregunta de cualquier forma cobra vigencia: ¿va en serio Antonio Echevarría García contra Ney González Sánchez?, ¿también contra Roberto Sandoval Castañeda?. Y es que hay más denuncias pendientes por probable corrupción.
A diferencia de los juicios orales en que se guarda un orden y tanto las partes en el proceso como el público permanecen sentados, en el sistema tradicional -que va de salida-, por lo reducido del espacio se permanece de pie y hasta se puede tener encendido el celular o desarrollarse otra audiencia a escaso un metro de distancia.
En el caso de Domínguez Hernández, dos reos de cabello rapado permanecían muy cerca de él, si acaso a un metro, pendientes de todo.
* Esta información es publicada con autorización de su autor.
Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
