Al más puro estilo del encubrimiento oficial, bastó que Antonio Echevarría García ganara la elección de gobernador del cuatro de junio, para que se apresurara una sentencia absolutoria a favor de José Manuel Encarnación Delgadillo, ex director de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y, con ello, intentar cerrar la posibilidad de enjuiciar por ese asunto al ex gobernador Ney González Sánchez y al ex secretario de Administración Florencio Román Messina. 

En efecto, en los días posteriores a la jornada electoral, funcionarios del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda y del Poder Judicial del Estado habrían pactado acelerar la resolución en el expediente 495/2013 en contra de Encarnación Delgadillo, como probable responsable del delito de peculado por ocho millones 382 mil 631.54 pesos, en agravio del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gobierno del Estado de Nayarit y la sociedad.  

Ahora se sabe que la sentencia absolutoria fue dictada antes del 12 de junio por el entonces juez Primero Penal de Tepic Nicolás Ballesteros Villagrana, quien, de acuerdo con información obtenida por este reportero, en los días previos habría recibido indicaciones para justificar en el fallo que no se acredita el delito de peculado. 

Incluso, días antes el propio procesado tuvo que desistirse de unas testimoniales ofrecidas, de tal forma que nada entorpeciera la sentencia corrupta a su favor. 

Más: la semana pasada, en oficinas centrales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se solicitó, en la respectiva ventanilla, el correspondiente número de toca del caso puesto que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó un recurso de apelación contra la sentencia y debe resolverlo una Sala Penal, y la respuesta fue que no se tiene registro de ingreso del asunto, como si aún no lo hubiera remitido el juzgado o, de plano, mantenerlo oculto en la segunda instancia. 

El presente asunto, al que este reportero ha dado seguimiento, es un ejemplo de la corrupción del gobierno de Ney González y consistió en aparentar documentalmente distintas compras a finales de su sexenio, como reactivos para exámenes toxicológicos y pruebas para detección de semen, cursos y diplomados para policías, uniformes para personal de seguridad, así como un software de seguridad en redes de información. Todo ello por más de ocho millones de pesos, pero los productos jamás fueron ingresados; es decir, se trataron de compras simuladas para desviar el dinero. 

Una declaración judicial del propio José Manuel, a quien sus amigos conocen como “Chon”, ya revelada por este reportero, describió puntualmente la transa: 

“En referencia al expediente por el cual estoy aquí, ratifico que sí hubo un desvío de recursos e igualmente no se recibieron los materiales puesto que en su momento recibí una orden, es decir, me ordenó en persona el ingeniero Florencio Román Messina, me ordenó tajantemente que había que hacer unos movimientos de unas compras de las cuales ya tenía conocimiento la tesorera Alma Lorena Orozco, tesorera del Estado, ya que ella haría la transferencia de los recursos estatales a las cuentas del FOSPEN y el director de adquisiciones de Gobierno del Estado, quien también tenía conocimiento de realizar las compras ficticias, las cuales consistían en hacer el proceso de licitación, y una vez dado el fallo, transferir el dinero a las empresas y ellos, o sea las empresas, lo regresarían en efectivo”.  

Y más adelante, añadió: 

“Durante el proceso, no recuerdo exactamente fue hace seis u ocho meses ví personalmente al licenciado Ney González en la ciudad de Guadalajara y le comenté que me habían vuelto a citar respecto a este asunto o proceso y su respuesta fue: ‘si te vuelven a citar o hablar tú dí que yo dí la orden’ y que ese dinero era para pagar su seguridad de los israelitas entre otras cosas y que ‘me llamen a mi’”. 

La aprehensión de Encarnación Delgadillo se produjo en la primera semana de julio del 2013. Se aseguró entonces que entre la noche del día ocho y la madrugada del nueve de julio fue puesto en libertad por orden el fiscal Édgar Veytia, pasando por alto que el ex funcionario estaba a disposición del Juzgado Primero Penal. Ya entonces era público el papel dominante de Veytia sobre el Poder Judicial, cuyo Consejo de la Judicatura jamás puso remedio a ello. 

Y en efecto, unos días después se confirmó la libertad de Encarnación bajo fianza, con tres millones de pesos que depositó como fiador el mismo Florencio Román Messina.  

Según fue explicado a este reportero, al tratarse de una sentencia absolutoria, los tres millones ya habrían sido recuperados por el ex secretario de Administración. 

En mayo del 2013, la FGE obtuvo la declaración de uno de los proveedores involucrados en estos hechos, quien dio detalles de cómo se desviaron los recursos: 

“…cuando me presenté para firmar el contrato con el Comité de Adquisiciones, me dijo el licenciado José Manuel Encarnación Delgadillo que el contrato que íbamos a firmar solamente sería una simulación ya que ocupaban dinero para hacer algunos pagos, al decirme eso me sentí sorprendido, ya que lo que describía el contrato era por la cantidad de dos millones de pesos, preguntándole de qué se trataba esto (…) 

“…me dijo: ‘te vamos a hacer un depósito a la cuenta de CRIME-LAB S.A. de C.V. por la cantidad de $2, 102, 816.10 (dos millones 102 mil ochocientos dieciséis pesos 10/100 moneda nacional, una vez que tú los recibas nos los regresas’. Le contesté que no era posible eso porque tendría problemas, tanto fiscales y con las demás autoridades. Me volvió a decir: ‘mira, para que no tengas problemas nos envías la factura, de la cantidad que te depositemos deduces el IVA’. Le respondí que no quería tener problemas, que quería seguir siendo proveedor del Gobierno del Estado de Nayarit, que mejor buscara a otro proveedor que hiciera eso. 

“Ahí fue cuando me dijo el licenciado José Manuel Encarnación Delgadillo: ‘mira, si no aceptas hacer eso, no te vamos a pagar las demás compras que te ha hecho el Consejo’…”.  

De igual forma, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General entrevistaron a funcionarios locales que probaron el pago millonario pero no la llegada de los productos. Uno de ellos señaló: 

“…a mí me tocó hacer y firmar la ficha única de operación, esto es, que hice los depósitos a favor de esos proveedores, en esos momentos no contaba con ningún documento, eso es, no tenía los contratos, las facturas, ni recibidas las mercancías o lo que se había comprado, no obstante así hice las transferencias bancarias porque así me lo indicó el contador José Manuel Encarnación Delgadillo, cuando lo correcto es que se debe tener los contratos y las facturas con los sellos de recibido de la compra y solamente así se hacen las transferencias para hacer los pagos…”. 

En la ahora absolución de José Manuel Encarnación Delgadillo, firmada por el juez Nicolás Ballesteros Villagrana pero en el anonimato los nombres de quienes fraguaron todo esto, evidentemente hubo fuertes intereses políticos para encubrir la corrupción de Florencio Román y, principalmente, del ex gobernador Ney González, ahora delegado del PRI en Michoacán.  

No hay que olvidar que hace ocho años Ney impulsó la llegada al Poder Judicial de 12 magistrados, 11 de los cuales continúan en el cargo. 

En Nayarit y en México, por menos, mucho menos, numerosas personas reciben sentencias condenatorias. 

Pero en casos como este, el Poder Judicial vuelve a someterse a intereses de corrupción política, con una sentencia a todas luces amañada.