Cinco personas que tuvieron cargos públicos durante el gobierno de Ney González Sánchez y que son investigados por su probable responsabilidad en delitos como peculado por 89 millones 473 mil 448.57 pesos, continuarán el juicio número 53/2017 en libertad, aunque se les haya dictado auto de formal prisión. 

Se trata de Florencio Román Messina, ex secretario de Administración; Alma Lorena Orozco Santos, ex directora General de Tesorería; Víctor Manuel Flores Ruiz, ex director General de Contabilidad y Presupuesto; Jesús Francisco Domínguez Hernández, ex director General de Administración; y Sandra Edith Martínez Sánchez, ex directora de Comunicación Social. 

La semana pasada, el Juzgado Primero Penal de Tepic dictó auto de formal prisión contra Florencio Román, Alma Lorena Orozco y Víctor Manuel Flores, como probables responsables de peculado, ejercicio indebido de funciones y falsificación de documentos. 

Los tres se presentaron a audiencias de declaración preparatoria días antes de la Navidad, después de haber tramitado juicios de amparo contra la orden de aprehensión y de que juzgados de Distrito les concedieron una suspensión provisional para que no fueran detenidos.  

Según se conoce, se abstuvieron de rendir declaración, aunque uno de ellos, al parecer Florencio Román, posteriormente y dentro del término constitucional habría presentado su declaración por escrito en la que negó los cargos, además de considerar que los delitos ya han preescrito.  

Una vez atendida la indicación de los juzgados federales de comparecer al Juzgado Primero Penal, se deduce que los juicios de amparo sobreseerán porque la situación jurídica ha cambiado; es decir, ahora existe un auto de formal prisión que los procesados podrán combatir a través de un nuevo amparo o mediante un recurso de apelación, que en este caso sería ante un magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 

Como se explicó en Relatos Nayarit, el viernes 22 de diciembre se produjo una polémica puesto que el juez Ramón Valdez Flores aceptó retirar la prisión preventiva de Jesús Francisco Domínguez Hernández y Sandra Edith Martínez Sánchez, ya no exigiéndoles los casi 90 millones de pesos como posible reparación del daño, sino fijándoles 200 mil pesos a cada uno, lo que permitió que recuperaran la libertad. A través de un agente del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado (FGE) reclamó en la respectiva audiencia que la decisión fuera tomada sin conocer dictamen alguno de la Unidad de Medidas Cautelares, a la que no se notificó para que emitiera una postura sobre la situación de posible riesgo de evasión de ambos procesados, que habían sido aprehendidos una semana antes.  

Con ese antecedente, se cree que el Juzgado Primero Penal podría fijar una garantía similar para que los tres restantes ex funcionarios continúen el juicio en libertad.  

Ha trascendido que durante el término constitucional habrían existido presiones para que el Juzgado Primero decretara el auto de libertad cuando menos a favor del ex secretario de Administración Florencio Román. 

Según se conoce, la Fiscalía General mantiene abierta la investigación que podría alcanzar a otros individuos.  

Hace unas semanas, el gobernador Antonio Echevarría García reclamó que existía lentitud del Poder Judicial para girar órdenes de aprehensión, y aunque no se refirió abiertamente a este caso, resultó obvia la vinculación.  

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com