Tepic.- Al fin especialista en imagen, el estilista Juan Bernal le recortó los pocos cabellos que le quedaban, antes de que cayeran debido a la quimioterapia por un cáncer que enfrenta. Bernal analizó el tono de su piel, le ofreció una peluca en color negro y le sugirió pintarse los labios de rojo, indicaciones que la señora Arcelia cumple al pie de la letra.
Se levante un poco la peluca para que no quede duda de su dicho.
Acompañada por su comadre Elena –ambos nombres no corresponden a la realidad-, cuentan el problema que enfrentan, con constantes amenazas de embargo por una supuesta deuda que ahora debe alcanzar más de 300 mil pesos.
Según explica Arcelia, el origen de todo ello es porque hace unos años fue “distribuidora” de la empresa Fin Útil S.A. de C.V. SOFOM ENR., mejor conocida como ConCrédito. Añade que en una ocasión recibió una especie de chequera y distribuyó cuatro documentos, tres de ellos de tres mil pesos cada uno y dejó otro de mil pesos para ella, que eran préstamos que iban pagando al igual que intereses.
Hasta ahí todo parecía normal. Recuerda que en una ocasión firmó un pagaré en blanco, como parte de uno de los requisitos, pero entonces no le dio mayor importancia. El aval por los préstamos era su comadre Elena.
Sin embargo, en el 2012 recibió un “aviso urgente” de ConCrédito: se le informaba que debía 26 mil 50 pesos, pero se le aceptarían 15 mil 630 si los pagaba hasta la fecha límite del 30 de noviembre de ese año. De lo contrario, “iniciaré en su contra las acciones judiciales que correspondan hasta lograr la recuperación total de su cuenta”, según el documento firmado por Antonio Peña Candía.
Así, para enero del 2013 resultó que ambas señoras –con edades por arriba de los 50 años- fueron demandas por la vía mercantil en Tepic, por un despacho de abogados a quienes se endosó un pagaré con vencimiento del 13 de julio del 2011 y que tenía anotados no 10 mil pesos, sino ¡100 mil!.
Por esos hechos fue abierto el número de expediente 71/2013 en el Juzgado Primero Mercantil y a estas fechas ya existe una sentencia definitiva, agotado incluso un amparo directo. El último dato que se les notificó en el 2017, es que se les exigían 294 mil 800 pesos, lo que las hace deducir que la suma ahora debe superar los 300 mil pesos.
Las quejosas no tienen duda: en el pagaré se anotaron 100 mil pesos de manera abusiva, porque es una suma ajena a la realidad.
Ambas señoras adelantan que buscarán ayuda del gobernador para que atienda esta problemática, que se presentaría en algunos despachos que cobran estos pagarés, modificando a su antojo las cifras.
“Nosotros no tenemos nada, si acaso sillas viejas, y yo ahora estoy enferma de cáncer. Los abogados saben que yo no recibí 100 mil pesos, ¿de dónde sacaron eso?”, resume la señora Arcelia.
Por su parte, Elena agrega: “todos los días me la paso pensando si no irán a venir los abogados a intentar embargarnos, porque uno es pobre”. Su esposo trabaja en lo que encuentra: pintor de casas o peón de albañil.
Aunque en su momento hubo quien les sugirió que tramitaran una denuncia penal por la anotación en el pagaré de una cantidad no apegada a la realidad, no lo hicieron, creyendo que se solucionaría la situación, sin embargo han vivido con la preocupación latente.
Coinciden en que el Gobierno del Estado debe actuar para detener esta forma de abuso.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
