El escándalo en torno al candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, @RicardoAnayaC, sintetiza el desprecio que la clase política mexicana tiene hacia la procuración de justicia.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), han estado dosificando a la opinión pública información sobre una investigación que se supone secreta por un delito grave que es el lavado de dinero.
El aspirante presidencial panista dice que es ajeno al presunto entramado y en un inicio dijo que apenas y conocía al principal imputado, el empresario Manuel Barreiro, quien a través de triangulaciones y de al menos una empresa declarada como fantasma por el SAT pagó 54 millones de pesos por la compra de una nave industrial a la empresa Juniserra SA de CV, propiedad del aspirante presidencial.
Esta vez la retórica de Ricardo Anaya Cortés, reconocida el fin de semana como convincente por la revista inglesa The Economist, no pudo ocultar la mentira.
Cada vez más se acumulan evidencias de la relación entre Anaya Cortes y Manuel Barreiro Castañeda. Según publicó el periódico El Universal el pasado sábado 24, fueron compañeros en el Instituto Queretano San Javier. Según esa misma versión, sus esposas también tienen una estrecha relación.
Luego, vino una filtración más, un video en la que Anaya está festejando en la boda de Barreiro. Otra vez ante la evidencia, el intento de disimulo del panista. Dice que fue a esa fiesta por invitación de un tercero.
@RicardoAnayaC ha intentado pasar como víctima. No le ha funcionado del todo porque ha alimentado el escándalo con mentiras o medias verdades. No se sabe aún su verdadero papel en esta historia.
La PGR dice que está investigando la red de lavado de dinero de Barreiro desde octubre del año pasado. Hasta donde el ministerio público federal y el SAT han dejado ver, el candidato presidencial no está imputado, por eso es que no ha sido obligado a declarar, ni siquiera como testigo.
Las autoridades investigadoras han construido el caso mediáticamente en pleno proceso electoral a través de filtraciones. Por una situación similar, el gobierno de Enrique Peña Nieto cesó en octubre pasado a Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
El entonces fiscal intentó mediatizar sus indagatorias sobre la presunta vinculación de la empresa brasileña Odebrecht con la campaña presidencial de Peña Nieto 2012, a través de Emilio Lozoya. El intento y su protagonismo mediático los pagó con su despido.
Pero esta vez, el encargado del despacho en el PGR, Alberto Elías Beltrán, y el titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, están dejando que las indagatorias fluyan en la prensa, boicoteando el sigilo de las investigaciones.
Si ya se embarcaron en esa estrategia es porque tal vez estén administrando la información en torno al candidato presidencial. Pero si no llegan a nada más, tendrán que estar preparados ante la eventualidad de que Anaya gane en julio próximo, sabedores de que si algo ha definido la carrera política del panista es que solo ha sido fiel a sí mismo.
A menos que ante la triste campaña de @JoseAMeadeK, el escenario del gobierno peñista sea consolidar, por ahora, las preferencias por Andrés Manuel López Obrador, pero siempre con el uso faccioso del aparato de procuración de justicia para lo que se ofrezca durante el proceso electoral.
@jorgecarrascoa
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