El Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal negó la protección de la justicia federal a Hugo Villagrán Bernal, ex delegado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), considerando que los datos que obran en el expediente son suficientes para que se le haya dictado auto de vinculación a proceso como probable responsable del delito de extorsión.
Así se explica en la resolución del juez federal Óscar Javier Mendoza Altamirano:
“…se puede concluir que la determinación a la que arribó el Juez de Control, en el sentido de que obraban datos que justificaran la existencia de un hecho que la ley señala como delito, es ajustada al marco constitucional, pues la valoración efectuada es acorde a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia que como juzgador se consideran adquiere el aplicador de la ley; además, que sus consideraciones se encuentran soportadas por los datos de prueba aportados por la Fiscalía.
“Por tanto, toda vez que el suscrito estima jurídicamente correcta la conclusión del Juez de Control en el sentido de que existen datos que determinan la existencia de un hecho señalado por la ley como delito, es infundado el concepto de violación consistente en que no se encuentra acreditado el hecho que la ley señala como el delito de extorsión (…)
“En otro aspecto, por cuanto hace a la probabilidad de que el imputado haya cometido el ilícito que se le atribuye, el suscrito comulga con la autoridad responsable, en el sentido de encontrarse justificada con los mismos datos que aportó la representación social en la audiencia y que ya fueron analizados, esto es, el señalamiento directo que en su contra realiza el ofendido (el ex presidente municipal de Huajicori, Saúl Sánchez Rivera), al señalarlo como la persona que le exige al ofendido mediante llamadas telefónicas que diera el 50% de aportación para obra como anticipo para obra relativas al municipio de Huajicori, para las comunidades del Tamazole, El Tizate y Providencia; además, de que el ex fiscal (Édgar Veytia) realizara varios actos tendientes a que realizara el pago de la citada cantidad, siendo inducido por parte del imputado para que a través de él recibiera las cantidades (…)
“Por lo cual, esta potestad federal estima ajustadas a derecho las consideraciones vertidas por la responsable, a través de las cuales tuvo por justificada la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión”.
Más adelante, el fallo de la autoridad judicial federal remarca:
“En esas condiciones, resulta incuestionable que los datos de prueba que fueron valorados por el juez responsable, contrario a lo expuesto por el quejoso, sí se estiman suficientes, cuando menos para la emisión del auto de vinculación a proceso”.
La negativa de amparo a Hugo Villagrán se conoció esta semana, dentro del número de juicio de garantías 430/2018 que fue presentado el pasado 10 de abril.
El ex funcionario federal, identificado como personaje cercano al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, enfrenta en libertad la causa penal 324/2018, aunque debe presentarse a firma cada semana mientras dura el juicio, además de tener prohibido salir del estado y del país, así como evitar cualquier acercamiento con el agraviado, su familia y testigos.
El caso sería ejemplo de una denunciada práctica de extorsión durante el gobierno anterior, en el sentido de que, como sucedió aquí, se utilizaban las recomendaciones del entonces Órgano de Fiscalización Superior para que funcionarios estatales se quedaran con recursos que debían ingresar a las arcas estatales.
El ex presidente municipal de Huajicori Saúl Sánchez Rivera ha señalado directamente a Hugo Villagrán como parte de esa trama corrupta.
Sánchez denunció que fue torturado, privado de la libertad en dos ocasiones y tuvo que conseguir un millón y medio de pesos para entregárselo al ex fiscal Veytia; es dinero que ahora busca recuperar, puesto que además lo adeuda.
Cabe añadir que el Juzgado de Distrito analiza el aspecto de los testigos, considerando la naturaleza del ilícito. Lo apunta de la siguiente forma:
“Sin soslayar que a las personas que se atribuye el referido injusto eran no solamente servidores públicos de alto rango, sino que el principal autor material de la extorsión, era precisamente en quien recaía la investigación de los delitos en el Estado, lo que tornaba mucho más compleja la presencia de testigos”.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
