Una audiencia judicial celebrada el miércoles cuatro, a propósito de un padrastro que presuntamente cometió el delito de atentados al pudor, enfrentó la postura de la defensa pública contra la de la agencia ministerial, la primera considerando que hay elementos para que el imputado recupere la libertad, mientras que la otra se opuso e insistió que primero debía ser valorado psicológicamente.
La diligencia de suspensión condicional del proceso fue encabezada por el juez José Ricardo Rodríguez Valdez.
Un defensor público explicó que en razón de que la penalidad media no excede de cinco años y de que la mamá de la ofendida lo buscó para expresarle que otorgaría el perdón, propuso la suspensión del procedimiento durante seis meses, tiempo en que el individuo no se acercaría a la menor, pero tampoco consumiría bebidas alcohólicas ni drogas. Si ello se cumplía en el citado plazo, el proceso penal concluiría por sobreseimiento.
Sin embargo, cuestionada por el juez, la referida mamá dijo no estar de acuerdo, añadiendo que no le habían explicado la situación, a lo que se sumó la agencia ministerial, insistiendo que la víctima desconocía las consecuencias de la suspensión del proceso, además de que el imputado no había sido valorado por un psicólogo para establecer si es candidato a una salida alterna. Recordó que se trata de un delito de difícil superación.
El defensor señaló, bajo protesta de decir verdad, que no fue él quien buscó a la señora ahí presente, sino a la inversa, y que los derechos de la víctima continuarían.
La representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) recordó que se trata de un delito de índole sexual y que la víctima estaba bajo la jerarquía del sujeto, por lo que debía prevalecer el interés superior de la menor, considerando que aún no están dadas las bases para una salida alterna, además de que el asunto se conoció de manera reciente a partir de la primera quincena de junio.
Una vez que el juez dio por concluido el debate, explicó que es creíble que la parte ofendida buscó al defensor del imputado, más sin embargo ello no es suficiente porque la decisión se toma en la audiencia, por lo que prevalecía la oposición manifiesta de la mamá.
Igualmente añadió la necesidad de que un psicólogo evalúe al imputado, citando también que en la audiencia debía estar presente una representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor, determinando como no procedente la salida alterna, por lo que el individuo continuará en prisión preventiva, recluido en la penal de Tepic.
En la parte final de la audiencia, la defensa solicitó que se gire oficio al director de la penal para que se practique la citada valoración psicológica.
Concluida la diligencia, el sujeto, de algunos 40 años, fue regresado a prisión.
• Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
