Tepic.- Un joven aceptó ante un juez que el pasado 12 de abril mató al taxista Arnulfo Hernández Joya, en el municipio de Bahía de Banderas, al dispararle en la espalda y la cabeza con una pistola calibre 380.
La relevación del sujeto, identificado como Samuel, de algunos 25 años, se produjo este jueves durante una audiencia en la que aceptó someterse a un procedimiento abreviado; es decir, confesar su responsabilidad y evitar el juicio oral a cambio de una reducción de la condena.
La representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) ventiló el cúmulo de datos para reconstruir el homicidio de Arnulfo Hernández, a orilla de la carretera que conduce a Puerto Vallarta, cerca de Sayulita.
Samuel, que viajaba en el asiento trasero, le pidió detenerse para bajar a orinar, aprovechando el momento para dispararle. Sin embargo, fue detenido por ciudadanos que circulaban por la zona y se percataron de lo ocurrido, evitando que abordara otro taxi que lo esperaba y cuyo conductor, Antonio, fue capturado minutos más tarde por policías.
La pistola utilizada fue encontrada días posteriores, durante una búsqueda en la maleza.
Para el caso de Samuel, la Fiscalía solicitó una condena de 18 años de prisión, el equivalente a 50 días de multa y el pago de 220 mil 900 pesos por concepto de reparación del daño, por el delito de homicidio con las calificativas de premeditación, alevosía y ventaja.
Respecto a Antonio, se propuso una penalidad de cuatro años de cárcel y 10 días de multa, por el ilícito de encubrimiento.
La condena fue posteriormente dictada por el juez César Octavio García Torres, dentro del número de expediente 488/2018, una vez que verificó, con preguntas directas a los imputados, si les fueron explicadas las implicaciones del procedimiento abreviado y si acudían al mismo sin presión alguna.
En ese sentido, la agencia ministerial hizo saber que el fiscal y familiares de la víctima conocían y estaban de acuerdo con el citado procedimiento.
Como puede advertirse, se llegó a la audiencia en común acuerdo de las partes.
Previo a dictar sentencia, García Torres ejemplificó que el delito de homicidio calificado tiene una pena de 20 a 50 años y, en el caso, con el abreviado la Fiscalía propuso la pena mínima y le disminuyó dos años al autor material de la ejecución, una facultad que le permite el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
