Tepic.- La Procuraduría General de la República (PGR) ha reclamado, a través de un recurso de revisión, el amparo concedido por un Juzgado de Distrito para que se funde y motive el aseguramiento de diversos bienes con los que tendría vínculo el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda.

Tal resolución, revelada por este reportero el pasado 18 de julio, mereció que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara por separado un recurso de revisión, defendiendo el aseguramiento de fecha cinco de marzo, por lo que ahora la PGR deja constancia del seguimiento que da a la investigación contra Sandoval Castañeda, como probable responsable de enriquecimiento ilícito.

Los bienes a que atañe el amparo 300/2018 del Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal son: Valor y Principio de Dar Asociación Civil, mejor conocido como Fundación Ríe; un rancho en el poblado La Cantera a nombre de L-INMO S.A. de C.V.; una casa en construcción en el fraccionamiento Bonaterra y un terreno en el fraccionamiento Lago David, ambos a nombre de Lidy Alejandra Sandoval López, hija del ex gobernador; y una casa muy cerca de la escuela CETIS 100, a nombre de Ana Lilia López Torres, esposa de Roberto.

Con la firma del agente del Ministerio Público Federal Tomás Leonel Silva Valdez, la PGR sostiene:

“…resulta incorrecta la apreciación del juez de amparo pues tal como se advierte, la autoridad ministerial fundó y motivó debidamente el acto de molestia llevado a cabo, ya que el mismo deriva de una indagatoria iniciada con motivo de una denuncia por persona cierta en cuanto a la actualización de hechos que pudieran constituir un delito cometido por servidores públicos; en este caso, un representante social elegido por sufragio popular, por lo que el acto reclamado por los quejosos es por un aseguramiento ministerial que justa y legalmente derivó de actos de investigación, tendientes a garantizar la subsistencia de los bienes inmuebles asegurados, como aquellos muebles que se hallan al interior de los mismos, tal cual se precisó por la responsable en cuanto a que los mismos fueron ordenados y ejecutados el día 5 de marzo de 2018 dentro de la carpeta de investigación NAY/TEP-III/C-0031/2018, que se instruye en contra de Roberto Sandoval Castañeda y quien o quienes resulten responsables, por el antijurídico de enriquecimiento ilícito, indagatoria que se hubiere iniciado el día 08 de enero de 2018, con motivo de los hechos denunciados por Rodrigo González Barrios…”

El planteamiento de la PGR reclama que el juez federal no realizó un estudio minucioso de los datos de prueba que constan en la carpeta de investigación puesto que, insiste, “hubiese advertido que aun cuando la carpeta se sigue en contra del indiciado Roberto Sandoval Castañeda, por el antijurídico de enriquecimiento ilícito, de las investigaciones realizadas se advierte que los otrora quejosos sí pudieran tener el carácter de imputados, intervinientes en la comisión del citado injusto penal…”

A continuación, el documento cita un dato para puntualizar que el ex gobernador sí tiene relación con la Fundación Ríe y por tanto es válido el aseguramiento:

“…debe destacarse que, como dato de prueba relevante, en el caso de Valor y Principio de Dar, el C. Roberto Sandoval Castañeda cuenta con una parte social de $1,600,000.00 y que éste SÍ tiene el carácter de imputado en forma directa; como se puede corroborar en la escritura pública 58,025, tomo centésimo décimo noveno, libro octavo, de 31 de julio de 2015, del índice del notario público 13, José Luis Béjar Rivera…”

Aquí, cabe añadir otro dato citado anteriormente por este reportero, respecto a que, de manera oficial, el rancho a nombre de L-INMO le fue vendido por la senadora del PRI Margarita Flores Sánchez, cercana a Roberto Sandoval Castañeda, quien en diferentes momentos la hizo directora del DIF municipal y estatal; la senadora adquirió el inmueble a los señores José Ricardo Gárate Vidal e Iris María de la Concepción Murillo Subiros.

La investigación consideraría la posibilidad de que Flores Sánchez hubiera sido prestanombres del ex gobernador.

Más adelante, el recurso de revisión insiste que el aseguramiento sí fue fundado y motivado, por la existencia de indicios que motivaron la diligencia, además de que, remarcó, “dicha medida no tiene como finalidad privar definitivamente del bien al poseedor o propietario, sino que pone los bienes a disposición de la autoridad investigadora…”

El agente del Ministerio Público de la PGR insiste que “los propietarios, ahora impetrantes de garantías, guardan una estrecha relación con el citado imputado, ya sea por parentesco o por asociación civil o mercantil, lo que de suyo trae la generación de las respectivas líneas de investigación, sin que los quejosos se deslinden de tales vínculos afectivos y/o demuestren (…) la procedencia lícita de tales inmuebles, ya que únicamente se avocan a descalificar el actuar ministerial, una vez que lograron acceso a la carpeta de investigación a través del presente juicio”.

Silva Valdez solicitó al Tribunal Colegiado que conocerá el recurso de revisión que revoque la resolución del Juzgado de Distrito.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com