Tepic.- Gerardo Hernán Aguirre Barrón, ex director del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit (IPROVINAY) y ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), compareció este lunes 13 a una audiencia en que le fue imputada su probable responsabilidad en los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio de la primera dependencia.
Acompañado por defensores particulares, Aguirre Barrón se presentó ante la jueza de control Sandra Sánchez Covarrubias, quien una vez efectuada la imputación orientó la divulgación de los datos de prueba con que cuenta la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque el auto de vinculación se resolverá posteriormente, a solicitud del propio compareciente.
La representación ministerial inició la investigación a partir de una denuncia interpuesta por Octavio Montes de Oca, titular del Órgano Interno de Control del IPROVINAY, respecto a un préstamo irregular concedido en febrero del 2012 con recursos del Instituto, por 440 mil pesos, al contratista Luis Carlos Mancilla Guzmán, quien se comprometió a regresar el dinero tan pronto le pagaran por la construcción de unas casas en el municipio de Rosamorada.
A lo largo de la audiencia, la agencia del Ministerio Público insistió que Aguirre Barrón carecía de facultades para efectuar un préstamo de esa naturaleza, pues los recursos del IPROVINAY no son para tal fin.
Igualmente fue citado que no se encontró constancia de alguna obra pública efectuada por Mancilla y tampoco fue ubicado como proveedor o contratista del IPROVINAY.
De igual forma se ventiló la declaración de una ex empleada de contabilidad del Instituto, confirmando que hasta el 2016 en que dejó de laborar no habían sido pagados los 440 mil pesos.
La FGE aseguró que el dinero fue tomado de recursos que debían destinarse a las necesidades de gasto del Instituto, no para préstamo alguno.
Cuestionado por la jueza y previa consulta con sus abogados, Aguirre Barrón se reservó el derecho para declarar sobre los cargos.
A continuación, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de una firma semanal para garantizar la presencia del imputado mientras dura el juicio, así como una garantía de 200 mil pesos, situaciones a las que se opuso la defensa, considerando que Gerardo Hernán no cuenta con una capacidad económica para cubrir ese monto, además de que trabaja fuera de Nayarit. De hecho, el mes pasado hizo llegar un justificante para que la audiencia fuera diferida.
Desde el lugar que le fue asignado, el joven manifestó que no tiene “ninguna intención de escapar” y se presentará cuando sea requerido.
La jueza Sandra Sánchez explicó que sería gravoso hacer que el imputado comparezca cada semana puesto que trabaja en la Ciudad de México, por lo que le impuso una garantía de 150 mil pesos que deberá garantizar en un plazo de ocho días hábiles.
Finalizada la audiencia, Aguirre Barrón -identificado con el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda y que en el 2017 fue candidato del PRI a diputado local-, se retiró junto a sus abogados.
Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
