Cuando se permitió el ingreso del público a la sala 2 de juicios orales para presenciar la audiencia relativa al expediente 836/2018, Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, Arminda Silvestre Juárez y Mario Vázquez Flores ya se encontraban sentados junto a su defensor particular, mientras que, en el lado opuesto, permanecían tres agentes del Ministerio Público en representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y una asesora de la parte ofendida. Eran las 10:41 de la mañana de este miércoles.

Se esperaba el arribo del juez de control Guillermo Romero Ríos y era notoria una situación: Layín aún traía puesto su sombrero blanco. Una policía estatal se acercó y, bajita la voz, algo pareció decirle en ese sentido: apenas entrara el juez debía descubrirse la cabeza.

La agente caminó a la puerta de entrada, se reunió con otro policía y regresó de inmediato con el ex presidente municipal de San Blas: el sombrero debía quitárselo ya, orden que acató. Lo dejó sobre el escritorio. El juez llegó segundos después.

La audiencia de formulación de imputación por los probables delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y fraude específico, de acuerdo con los datos de prueba ventilados por la agente ministerial, presentan dos situaciones: los primeros dos delitos respecto a que fueron cometidos a raíz de la venta de la aeropista de San Blas, el 29 de agosto del 2016, en 12 millones 415 pesos y 44 centavos, pero no se encontró registro de que el dinero hubiera sido ingresado a las arcas municipales, según determinación de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN).

El otro aspecto, hasta ahora conocido y en cuanto al delito de fraude, es que a la denuncia se sumó José Ramón Ramírez González como apoderado de la señora Concepción Vallín de León o Concepción Vallín viuda de Lanzagorta, que ha exhibido escrituras y reclama como suyo el terreno de la citada aeropista.

En ello consiste básicamente el panorama en contra del también ex candidato al Gobierno del Estado, de la ex síndico Armida Silvestre y del ex secretario municipal Mario Vázquez. Más de 45 mil metros cuadrados, según quedó asentado en escritura ante el notario público número 36 con oficinas en Tepic, Alonso González López.

Se indicó que la auditoría al ejercicio 2016 inició cuando Roy Rubio Salazar aún era titular de la ASEN.

En una primera intervención, la defensa particular consideró que se estaban violando los derechos de Ramírez Villanueva, a lo que la representación de la Fiscalía contestó que en ningún momento se ha dicho que los imputados son culpables.

A continuación, el juez Romero Ríos les pidió que consultaran con su abogado si declararían sobre los cargos, respondiendo que se reservaban el derecho.

Siguió entonces la etapa de vinculación a proceso, en la que la Fiscalía ahondó con mayor detalle en los datos de prueba. La parte última de la auditoría e investigación continuó con Candy Anisoara Yescas Blancas como presidenta municipal de San Blas.

En la sala de audiencias, en diferentes momentos hubo dos o hasta tres policías para mantener el orden, que nadie rompió, aunque la defensa y la agencia ministerial intercambiaron reclamos.

La defensa consideró que la investigación contra Layín tiene un sesgo político.

Más adelante el debate continuó a propósito de las medidas cautelares que debían fijarse. Para el caso de Layín, la representación ministerial solicitó la prisión preventiva mientras dura el juicio, recluido en la penal de Tepic, en tanto que para cada uno de los otros imputados una garantía de 120 mil pesos y presentarse a firma cada 15 días.

Se explicó la existencia de riesgo de que Hilario Ramírez no comparezca a futuras audiencias, además de recordarse que el mes pasado no garantizó un millón 241 mil pesos fijados por el Juzgado Tercero de Distrito ante quien tramitó un juicio de amparo.

A su vez, la defensa consideró excesiva la medida cautelar para Layín, citando que se trata de delitos donde la ley no marca la prisión preventiva, además de que, dijo, sí se había garantizado el referido monto.

Por un momento las dos partes chocaron. La agencia ministerial reclamó una deslealtad al procedimiento porque no se le corrió traslado del documento que probaba el anunciado depósito, y después, luego de revisarlo, dejó entrever dudas sobre la validez ya que habría sido presentado este 21 de agosto y el Juzgado de Distrito aún no les notificaba sobre ello.

– Siéntese, abogado – le pidió el juez al defensor, que se había puesto de pie para mostrar personalmente el documento y no a través de una asistente de sala-.

Por su parte, la defensa le restó veracidad a la explicación ministerial sobre los problemas de Layín para acatar lo indicado por el juez federal, por lo que le fue solicitado el expediente para marcar el lugar que probaba la narración.

– Le voy a doblar la hoja –precisó la agencia ministerial-.

Hubo unos tres minutos en que sólo se oían murmullos.

Cuando la representación ministerial insistió en ese punto, la defensa respondió que la hoja no estaba foliada, añadiendo, por otra parte, que en su momento la señora Armida Silvestre no fue tratada con dignidad por la Fiscalía, en razón de que presenta una discapacidad y se moviliza en silla de ruedas.

Agotado el debate, el juez Romero Ríos explicó que la orden de aprehensión por la presente causa penal ha quedado sin efecto por la comparencia de los imputados, cuya asistencia, consideró, representa un gesto de voluntad para creer que lo harán cuando sean requeridos, negando entonces la prisión preventiva para el ex presidente municipal, sin embargo le impuso una garantía de un millón 241 mil pesos en un plazo de 10 días hábiles, así como 120 mil para los otros imputados. No les fijó una firma periódica. Si incumplen se les podría girar orden de reaprehensión.

La defensa pidió un plazo más amplio para mostrar la garantía, pero el fallo ya había sido dictado.

Buena parte de la audiencia se centró en las medidas cautelares. Layín entendía que de dictarse la prisión preventiva iría a la cárcel durante el tiempo del juicio. Sentado en medio de Armida y Mario, no perdía detalle del debate. Y luego se dirigió al juez, cuando éste le permitió el uso de la voz por última vez: “¡agradecerle la atención!”, y levantó uno de los brazos a manera de saludo a distancia.

Y ya afuera, condujo la silla de ruedas de la ex síndico.

El auto de vinculación se resolverá en próxima audiencia.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com