Al ingresar a la sala 2 de juicios orales, Layín se transforma en Hilario Ramírez Villanueva. Es serio y no lleva puesto el sombrero, que por segunda audiencia consecutiva ha dejado sobre el escritorio.
Acá ninguna vacilada.
Nadie lo menciona con apodo y este lunes escuchó el auto de vinculación a proceso por los probables delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y fraude específico, a propósito de la venta de la aeropista de San Blas, concretada el 29 de agosto del 2016 en 12 millones 415 pesos y 44 centavos, dinero del cual, sin embargo, no se encuentra registro de su ingreso a las cuentas municipales.
El juez de control Guillermo Romero Ríos dictó la resolución después de escuchar el debate de la agencia del Ministerio Público y del defensor particular de Ramírez Villanueva, de Arminda Silvestre Juárez y de Mario Vázquez Flores, estos últimos ex síndico y ex secretario municipal, respectivamente, y de igual forma vinculados a proceso.
Según el apunte de Romero Ríos, existen elementos para presumir que “el dinero se distrajo para otro fin”, e incluso consideró que el silencio que los imputados han guardado no les beneficia pues no han señalado el destino de los 12 millones.
De igual forma, el juez de control le restó valor a los argumentos del defensor en el sentido de que en los días previos al cambio de administración en septiembre del 2017, la Presidencia Municipal de San Blas estuvo tomada por trabajadores sindicalizados, dando a entender que diversa documentación contable pudo ser sustraída.
En ese sentido, Romero Ríos explicó que la investigación de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) requirió información a la alcaldía en el tiempo de Cipriano Pacheco Peña –suplente de Layín- y el de Candy Anisoara Yescas Blancas, actual alcaldesa, y el resultado fue el mismo: no hay registro del dinero.
Hubo un momento en que la representación ministerial pronunció un dato extra en la trama: la posibilidad de que en el caso habría recursos de procedencia ilícita, e igualmente añadió que se ha requerido información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Luego de dictar la vinculación a proceso, el juez concedió un plazo de tres meses de investigación complementaria.
La representación ministerial anunció que insistirá en información bancaria para seguir la ruta de los 12 millones de pesos.
Ninguno de los imputados emitió declaración sobre los cargos que pesan en su contra.
Durante la audiencia, un policía estatal se aproximó dos veces a Hilario Ramírez: uno aparentemente para pedirle que no descansara su brazo en la silla de al lado y la otra para que no se durmiera. Y es que a veces es tan extenso el debate y la explicación del juez que el sueño se hace presente. Tan sólo el auto de vinculación a proceso le llevó al juez poco menos de 50 minutos. Y cualquiera se arrulla.
Cabe añadir un aspecto que se esperaba fuera reclamado en algún momento por el defensor: una fotografía de Layín que el miércoles 22 le fue tomada en el interior de la sala, hasta ahora se desconoce por quién, antes de iniciar la audiencia de formulación de imputación, una situación totalmente prohibida.
Ninguna autoridad se ha referido al asunto, pero la fotografía apareció en redes sociales cuando aún transcurría la audiencia, lo que ha despertado interrogantes respecto a si más allá de una grave ocurrencia se pretendió violentar el debido proceso para, en el fondo, beneficiar al ex presidente municipal de San Blas.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
